Desde el gobierno pasado del ex-presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, los discursos sobre la necesidad de enfrentar el Cambio Climático parecen más dirigidos hacia el exterior que hacia las tareas internas de la política brasileña. Esto resulta aún más destacable con la propuesta de la actual presidenta Dilma Rousseff, cuando en la Cámara de Diputados en su discurso de pose presidencial, anunció un Brasil con energía limpia y crecimiento sustentable.

Pero todo depende desde donde se esté mirando la situación. Obviamente desde la Amazonía este “Brasil” parece absolutamente distante. En Estados como Pará la situación se torna dramática, y por eso ofrece un ejemplo de cómo se está pensando actualmente el modelo de energía limpia y crecimiento sustentable en el Brasil de la política real.
En la primera semana de febrero del presente año, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), anunció un avance significativo de la deforestación maderera en la región conocida como cinturón de deforestación de la Amazonía (Pará, Mato Grosso y Rondônia). Ya el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales había advertido, por información satelital, que en el segundo semestre del 2010, la deforestación en la Amazonía creció en aproximadamente 8%, con respecto al mismo periodo el año anterior.

Refiriéndose al problema, el entonces director del IBAMA, calificó el Estado de Pará como una “tierra sin ley”, según lo destacó el Diario O Globo (5/02/2011, pg10). A pesar de los esfuerzos de este organismo por mejorar las condiciones de vigilancia y control, no solo las condiciones han empeorado en relación con la deforestación, sino que actualmente se intensifica la propuesta para la construcción de la represa de Belo Monte en el Rio Xingu, al oeste del Estado de Pará. Esta cuenca hidrográfica se estima que alberga unas 51ha millones y se considera fundamental en la integridad de los sistemas de agua dulce de la Amazonía.

Si bien es cierto, el interés por la construcción de la represa inició desde mediados de la década de los 70s (llamada represa Kararaô, durante la administración del ex-presidente Ernesto Geisel), durante la administración Lula, se convirtió en el principal proyecto del Programa Nacional de Aceleración del Crecimiento (PAC). La obra a ser construida y operada por el consorcio Norte Energía, ya cuenta con apoyos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

El debate sobre los licenciamientos del IBAMA, que se esperaba estuviera listo para febrero de este año, ya costó al menos la renuncia de dos de los principales responsables a finales del 2010 y del presidente del IBAMA, Abelardo Bayma. Pero tambien existen cuestionamientos sobre la viabilidad de la obra, y la necesidad de la misma. Dado que en la zona operan algunas empresas de aluminio y alumina (material base del aluminio), se levantan sospechas de que de la energía se pretende destinar fundamentalmente para el polo minero-extractivo de la región.

Sólo para tener una idea de las dimensiones de la obra, se estima que las escavaciones serán equivalentes a las realizadas para la construcción del Canal de Panamá y su finalización se prevee para el 2014 (inicialmente para el 2015, pero se espera que esté lista antes de acabar el gobierno de Dilma Rousseff), con costos aproximados de unos 19 billones de reales , sin que nadie pueda precisar la cifras actualmente.

Pero lo que no parece cuestionable, hoy por hoy, es que la licencia definitiva del proyecto se consiguió con arreglos políticos del más alto nivel y que la decisión contraviene incluso las recomendaciones para mitigar riesgos e impactos, ya que como destacó el entonces presidente del IBAMA: el proyecto aún está con muchísimas pendientes en materia ambiental.

Algunos estudios realizados por organizaciones independientes (ONGs) han calificado el proyecto de altamente riesgoso en materia financiera (véase sobre todo el realtorio “Mega-Riesgos. Análisis de Riesgos para Inversores en el Complejo Hidroeléctico Belo Monte, Internacional Rivers/Amigos de la Tierra-Amazonía Brasileña. 2011); tambien se ha cuestionado las capacidades reales de generación de energía (se habla de un poco más de 11 mil megawatts de potencia en la época de mayor nivel de aguas (capacidad instalada) pero algunos especialistas insisten que la capacidad efectiva no pasará de un 39% de este total (véase la entrevista a Roland Widmer citada en la bibliografía) y obviamente sobre el proceso de licenciamiento una vez que el estudio previo destacó una serie de recomendaciones y condicionantes socio-ambientales antes de autorizar la licencia definitiva (instalación) que han sido desconsideradas.

Dentro de esos aspectos destacados por el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) se preveen casi 100 mil personas movilizadas a la región, sea a través de empleos directos o indirectos relacionados con la obra, en una ciudad que actualmente tiene un número de población cercano a los 100 mil habitantes. Hasta hace poco tiempo atrás las consecuencias sobre la ciudad de Altamira, principal afectada con la represa, eran las más conocidas en térrminos de grupos humanos; sin embargo, a inicios de este año la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) intervino un área cercana a la zona de construcción de la Belo Monte, e interpuso una TI (tierra indígena) entre los ríos Xingu y Bacajá, a unos 50km del projecto de la Represa.

La obra no es apenas polémica por las implicaciones que puede tener en materia socio-ambiental, además tiene implicaciones sobre la forma política en que el actual gobierno está manejando el asunto. Belo Monte demuestra como Brasil viene avanzando a dos velocidades diferenciadas, una: la de las comunidades indígenas y los pobladores que difienden sus territorios; y la otra: alta-velocidad de los mega-proyectos en minería, energía y financieros, que en Belo Monte se juntan para transparentar la política actual del gobierno y el sector financiero local.

No en vano, a mediados del mes de febrero, por decreto presidencial, el gobierno capitalizó el BNDES –que liberó dineros para la compra de equipamiento en las obras de la represa- y por otro lado se anunció que la Vale do Rio Doce concurre en la posible sustitución de Gaia Energia, subsidiaria del Grupo Bertin, como autoproductor en el control de la Belo Monte.

El capítulo final de la obra aún no se escribe, varias manifestaciones de apoyo a nivel estadual en Brasil e internacional estan surgiendo para los grupos movilizados en la región. Como advierte Eduardo Gudynas, en un reciente artículo publicado en La Primera en Perú, la obra podría tener también consecuencias sobre los países vecinos. Urge un debate y acciones a nivel sudamericano, el modelo de negocios (públicos-privados) que se está instaurando en Brasil bajo las consignas de energía limpia y crecimiento sustentable, puede ser altamente perjudicial para el futuro político y ambiental de la región.

Bibliografía utilizada

“Belo Monte não vale a pena”. Entervista com Roland Widmer. 27/01/2011

http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=39502

Diario O Globo. Desmatamento volta a subir na Amazônia. (O País) 5/02/2011. pg10

Diario O Globo. Vale pode assumir lugar de Bertin em Belo Monte. (Economia) 18/02/2011. pg 31

Diario O Globo.BNDES e Caixa t?m reforço de R$8,6 bi. (Economia) 18/02/2011. pg 30

FUNAI interdita area perto da Belo Monte. 25/01/2011

http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,332855,Funai+interdita+area+perto+da+Belo+Monte.aspx

Gudynas, Eduardo. “Un ejemplo brasileño que nadie debería imitar: Belo Monte” Diario La Primera. Lima, 02/02/2011

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/un-ejemplo-brasileno-que-nadie-deberia-imitar-belo-monte_79197.html

Mega-Riesgos. Análisis de Riesgos para Inversores en el Complejo Hidroeléctico Belo Monte, Internacional Rivers/Amigos de la Tierra-Amazonía Brasileña. 2011

http://www.amazonia.org.br/arquivos/374461.pdf

Novaes, Washington. Uma discussão para nos iluminar. O Estado de São Paulo. http//www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101224/not_imp657702,0.php

Escrito por Carlos G. Aguilar, investigador de la Secretaria Mesoamericana del Grito de los Excluidos, San José, Costa Rica, e investigador asociado en CLAES. Febrero 2011.

Por Luis Fernando Novoa Garzon (Profesor en la Universidad Federal de Rondonia, miembro de la Red Brasil sobre las IFMs)

A análise e o acompanhamento das transformações observáveis ao longo da implementação do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira (RO) são cruciais no sentido de testar as metodologias, procedimentos e indicadores que têm sido apresentados como um “novo paradigma” de construção de grandes UHEs na Amazônia, que irá nortear a expansão da fronteira elétrica na região. Durante a fase prévia do licenciamento dos empreendimentos, o conjunto de  incertezas, técnica e socialmente identificadas,  para a população e o meio ambiente,  foi certificado como válido e passível de monitoramento. Na fase de instalação, subsequentemente, os consórcios obtiveram plena discricionariedade para impor seus cronogramas físico-financeiros, independentemente  da execução plena e prévia dos programas compensatórios e mitigatórios.

Na região do Município de Porto Velho(RO) e adjacências, configurou-se, a partir do início das obras das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, a partir de 2008, uma dinâmica social de novo tipo, com descontinuidades intensificadas no espaço e no tempo, com efeitos assimétricos sobre os grupos sociais afetados. Esses efeitos são desproporcionais e diferenciados segundo a posição e o lugar relativo dos grupos sociais em relação à intervenção referida.  Quanto mais vinculados ao ciclo do rio e de suas margens, maior a perda e dissipação de poder material e simbólico. Quanto mais instrumentalizados forem em função dos requisitos e do cronograma das duas obras, maior a invisibilidade e descartabilidade dos mesmos, incluindo a força de trabalho direta e indiretamente mobilizada pelas obras, bem como a população que vai engrossando as áreas peri-urbanizadas da cidade anfitriã dos dois megaprojetos.

Os danos sócio-econômicos, culturais e ambientais já consubstanciados na instalação do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, constituiriam motivo suficiente, houvesse rigor proporcional na aplicação da legislação ambiental ao nível de classificação de risco dos empreendimentos,  para  a paralisação das obras e a subseqüente revisão não apenas de sua metodologia, cronograma, mas da própria viabilidade ambiental atribuída sob chantagem privada e coerção governamental . Para além das parcas medidas de compensação e mitigação previstas no licenciamento das duas obras, o está em jogo nesse caso é a plena autonomia conferida aos Consórcios titulares das novas concessões de aproveitamento hidrelétrico na Amazônia, para gerir o que eram antes considerados “bens públicos”.

Com o intuito de consolidar a participação do setor privado(PSP) na áreas de infra-estrutura, a ordem unida é a regulamentação desregulamentadora nas três esferas governamentais, bem como em todas as instâncias setoriais, creditícias e fiscalizadoras respectivas(MMA, IBAMA, ANA, MME, ANEEL, BNDES, TCU). Flexibilidade institucional  dirigida  para o planejamento territorial corporativo e, subsequentemente, para o rebaixamento ainda maior dos patamares mínimos de direitos sociais e de salvaguardas ambientais.

O aplainamento do processo de licenciamento, de concessão e de financiamento desses dois aproveitamentos hidrelétricos no rio Madeira é uma derivação lógica da  política de atração de investimentos para o setor de infra-estrutura, o cerne  do PAC- Programa de Aceleração de Crescimento, lançado em 2007 e relançado como PAC 2, em 2010. Essa iniciativa, vista de forma superficial, seria tão somente um programa de execução de obras prioritárias, quando na verdade compreende também uma agenda de facilitações regulatórias e creditícias pró-mercado, através de reformas administrativas e setoriais nos órgãos e na legislação ambiental, bem como da reestruturação do BNDES. Essa conjunção materializada na emissão das Licenças Prévia e de Instalação  das Usinas do rio Madeira e na  viabilização de seus respectivos leilões, fez surgir um novo e temerário paradigma de “licenciamento automático”. A instalação dessas usinas, na forma como se apresenta, equivale a um salvo-conduto institucional para a reabertura de um novo ciclo de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia, em território brasileiro e transfronteiriço.

Já instalados os canteiros de obras das duas usinas, impôs-se a verificação de como a precarização e flexibilização de sua regulamentação vêm se refletindo na sua implementação efetiva das mesmas. Procurou-se, por conseguinte, diante das lacunas processuais oficialmente internalizadas, avaliar a possibilidade mesma de se atestar, nessas condições, consistência e adequação das ações de remanejamento e as medidas de compensação e mitigação dos impactos previstos nas comunidades a montante das UHE de Jirau e Santo Antônio. Como é possível compensar o que nem sequer foi mensurado ou reconhecido como perda ou dano? Governo e empreendedores determinam, a partir das UHEs no rio Madeira, que  subjetividades e direitos coletivos são passíveis de compra e venda.

Como concessões elétricas traduzem-se em cessões territoriais

O  maleável regime de concessões  do setor elétrico aplicado a grandes aproveitamentos hidrelétricos na Amazônia tem redundado em oficiosos processos de cessão, a grandes conglomerados privados, de porções territoriais estratégicas para o país. Tal como o Projeto Grande Carajás(PA), aprovado em 1982, o Projeto Complexo Madeira é que define a região que  lhe cabe. Grandes Projetos de Investimentos(GPIs), ao gerarem espaços em função da máxima eficácia dos investimentos aportados neles, não poderiam deixar de planejar e gerir esses mesmos espaços.

Contudo, à diferença das décadas de 70 e 80,  quando o regime militar procurava incorporar a Amazônia à estrutura produtiva do centro-sul do país  por meio de obras viárias e de incentivos fiscais,  a partir dos anos 90 o avanço da fronteira econômica na região passa a ser crescentemente dirigido por cadeias globais de valor. As mediações políticas derivadas de uma rígida divisão inter-regional do trabalho foram sendo substituídas por fórmulas territoriais flexíveis condizentes com as  novas estratégias de deslocalização dos investimentos e  ajustes espaciais consecutivos. O que não significa ausência de política ou do Estado, e sim seu pleno disciplinamento em coalizões privado-públicas, necessariamente nesta ordem. O que pode ser mais ativo, em termos político-operacionais, que medidas progressivas de liberalização comercial e flexibilização legal, além do empenho de estatais, bancos e fundos públicos e semi-públicos na formação de conglomerados empresariais com raio de atuação no Brasil e/ou a partir dele?

O Projeto Complexo Madeira, que se articula a outros projetos de interconexão de infra-estrutura no continente, serve de trampolim para impulsionar uma série de novos  megaprojetos na Amazônia. A meta é estruturar e potencializar plataformas e corredores de exportação, com a disponibilização não só de energia hidrelétrica e recursos naturais conexos( terras, jazidas minerais, madeira e biodiversidade) mas da plasticidade territorial que se fizer necessária, ou for convidativa, aos conglomerados privados. Os arranjos empresariais resultantes são concomitantemente eleitos pelo Estado e eletivos das políticas setoriais deste. O novo planejamento territorial em operação na Amazônia paradoxalmente dinamiza nossas vantagens comparativas estáticas, em um processo de acumulação extensiva marcado por especializações regressivas em termos de agregação de valor e inovação tecnológica.

O compartilhamento jurisdicional, empresas-Estado, da região do alto Madeira, teve início ainda na fase dos estudos ambientais do Complexo hidroelétrico. Procedeu-se em 2007 uma alteração regulamentar dos patamares de suficiência de comprovações técnicas e de compromissos públicos requeridos para atestar a viabilidade ambiental e social das duas usinas. O seu licenciamento a fórceps, ensejou o desmanche como um todo do licenciamento ambiental nacional. O próprio órgão licenciador, o IBAMA, sofreu uma intervenção administrativa, em 2007, que além de fragmentar suas funções originais, delimitou-as retirando dele capacidade de vetar projetos considerados de “interesse nacional”. Na análise do Estudo de Impacto Ambiental e de suas complementações, a cargo  do então Consórcio Furnas-Odebrecht (hoje Santo Antônio Energia) identificamos as seguintes distorções e incongruências:

a) Minimização das áreas de impacto direto e indireto com a exclusão do território Bolívia e das áreas a jusante.

b) Anulação da necessidade prévia dos estudos de bacia.

c) Adoção de metodologias e critérios de certificação que minimizam e mascaram os danos.

d) Definição arbitrária dos Consórcios dos próprios critérios de suficiência ou de insuficiência de estudos, e medidas mitigatórias e compensações decorrentes.

e) Aprovação das Licenças Prévias e de Instalação com condicionantes que procuram substituir o vazio de informação e de diagnóstico pelo monitoramento das incertezas, o que significa que os empreendedores adquiriam autonomia para definir os próprios parâmetros da instalação e operação das usinas.

Esses vícios de origem no processo de licenciamento das UHEs do rio Madeira reproduziram-se e desdobraram-se no momento de elaboração e de implementação dos Projetos Básicos Ambientais a cargo dos Consórcios Energia Ssustentável do Brasil(ESBR) e Santo Antônio Energia(SAESA). Nos dois PBAs consta o princípio de que o empreendedor fica obrigado a recompor as condições de vida e das atividades produtivas na área diretamente afetada pelas obras e pela formação do reservatório. Em tese, a recomposição das atividades e da qualidade de vida, por meio de indenização justa ou do remanejamento, deveria se dar “em condições pelo menos equivalentes às atuais”. O Programa de Remanejamento a cargo do Consórcio Santo Antonio Energia, por exemplo, reitera o compromisso de se ofereça indenização ou  processo de realocamento de modo que “todos os afetados deverão ter condições de ser remanejados para uma propriedade pelo menos equivalente.”

No entanto, não foram prescritos ou previstos indicadores, critérios e metas para que essa obrigação fosse cumprida, ou seja, sobre como seria essa “recomposição”, com quais meios, recursos e prazos. O modelo de reassentamento em agrovilas estranhas às tradições comunitárias ribeirinhas, e ainda por cima localizadas em solos inférteis sem acesso ao rio e seus igarapés, constituiu uma via de mão única na “negociação” da realocação da população atingida. Cerceados pela contagem regressiva do despejo, cerca de 85% dos afetados submeteram-se ao instrumento da indenização ou da carta de crédito, proporção averiguada pelo próprio IBAMA. O que deveria ser exceção tornou-se regra, em termos de deslocamento compulsório, no decorrer da instalação das UHEs no rio Madeira. Modos de vida amazônicos singulares não deveriam ser levianamente contabilizados e sim protegidos e sustentados por políticas públicas que reconhecessem e valorizassem as múltiplas abordagens coletivas no trato do espaço e do tempo. A indenização exclusivamente monetária é uma amortização sumária dos compromissos sociais formalmente assumidos pelos Consórcios junto à população atingida, uma política oficial  de erradicação de dezenas de comunidades ribeirinhas, agora entregues à sua própria sorte em novas frentes irregulares de ocupação urbana e rural.

O negligenciamento no cumprimento dos já rebaixados parâmetros sociais e ambientais se refletiu na falta de detalhamento das diretrizes constantes nos PBAs das UHEs de Jirau e Santo Antonio. Essa  metodologia de auto-licenciamento depende de combinações nas múltiplas escalas de Governo, o que implica em negociações cruzadas, paralelas ou oficiais, no uso das verbas de compensação social e rearranjos das contrapartidas federais, estaduais e municipais. Um complexo intercambio de interesses entre grupos econômicos globais e locais  e suas representações políticas, ocorre sob a conveniente fachada de “fornecimento de energia para o Brasil” e “geração de emprego e renda na região”.

O processo de desterritorialização levado a cabo por grandes projetos de mineração na Amazônia se articula com aquele produzido pelos projetos hidrelétricos na região. Ambos se retroalimentam, em ordem direta e reversa.   No entorno do Complexo Madeira o processo de desterritorialização e de reterritorialização vai se consumando diligentemente, pelo grau de interpenetração dos Consórcios e conglomerados anexos com os aparelhos governamentais regulamentadores e fiscalizadores.

A apropriação do alto Madeira e a definição da forma predominante de seu uso se associa a estratégias simbólicas de universalização da forma tida como a mais “adequada” para utilização  daquela territorialidade.  A implementação célere e brutal das UHEs de Santo Antônio e Jirau se vale do alicerce objetivo de expropriações sucessivas, promovidas no bojo da formação territorial do Estado de Rondônia. E ainda conta com o beneplácito subjetivo de uma população majoritariamente migrante, que vítima  e órfã de um modernização periférica, se dispõe a qualquer sacrifício em nome de seu “repatriamento” a qualquer dinâmica que remeta à centralidade altiva do “progresso”, especialmente quando o objeto de sacrifício maior lhe pareça alheio e exterior, como as comunidades tradicionais que vivem ao longo do rio Madeira.

O controle e o uso compartilhado das águas e várzeas do rio Madeira pôde proliferar no interregno dos surtos de expansão mercantis. Exatamente por isso nunca foram objeto de políticas públicas que dinamizassem suas potencializades horizontalizantes, que lhes providenciasse regularização fundiária, créditos preferenciais, programas de extensão de caráter agroecológico e infra-estrutura social. Depois de inserido no mapa dos grandes negócios, agentes econômicos e as arenas estatais por eles manejadas, o rio Madeira é estampado como providencial estoque/escoadouro de energia, commodity basilar, porque insumo das demais commodities que tem definido o ritmo de crescimento e o perfil produtivo do país.

Madeira: restabelecer a controvérsia e o contraponto

Podemos atestar que a defasagem entre os direitos e os interesses da população local e o processo de licenciamento e implementação das UHEs de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, foi voluntária e premeditadamente construída pelas empresas concessionárias, com anuência e colaboração do poder público.

Como bônus extra, os Consórcios Santo Antônio Energia(SAESA) e Energia Sustentável do Brasil(ESBR), podem vender 100% da energia gerada antes dos prazos previstos contratualmente (dezembro de 2012 e março de 2013, respectivamente). Os dois consórcios pretendem antecipar a geração em até 11 meses por isso e contam com a benevolência da ANEEL e do MME para tanto. Alucinados cronogramas de execução das obras são a contraparte da ausência de cronogramas físico-financeiros dos programas de compensação e de mitigação, da mais completa negligência para com a população que vive ao longo do rio Madeira e com seu meio ambiente. Se nem sequer as condicionantes da Licença Prévia foram  cumpridas, como acenar com a emissão antecipada da Licença de Operação, sem que se consolidem mínimas salvaguardas sociais e ambientais?

Na direção contrária, o procedimento democrático elementar,  frente ao conjunto de evidências de descumprimento flagrante de compromissos legais  por parte dos Consórcios liderados pela Odebrecht e pela Suez, seria a suspensão da Licença da Instalação das Usinas de Santo Antônio e Jirau e o estabelecimento de um balanço rigoroso das irregularidades cometidas. Existisse um Ministério de Meio Ambiente com efetividade similar ao de Minas e Energia, ou um Poder Judiciário desincumbido de blindagens casuísticas, esta seria a única diretiva cabível diante de  mais um desastre social e ambiental  em curso na Amazônia.

Em paralelo e procurando explicitar toda a extensão dois danos já verificáveis produzidos por essas obras incondicionadas, propomos a criação de uma Comissão de investigação, composta por especialistas, representantes do Ministério Público Federal, dos movimentos sociais e da população atingida para fornecer um quadro fidedigno da desestruturação social e ambiental que se dá na região do rio Madeira. Iniciativa que procurará colocar em pauta a revisão do licenciamento ambiental das duas usinas projetadas, bem com a rediscussão do projeto Complexo Madeira como um todo.

Seria tarefa prioritária dessa Comissão, e em especial dos grupos de pesquisa universitários adjuntos,  explicitar o novo modelo de investimento e de financiamento aplicado à construção das UHEs de Santo Antônio e Jirau, identificando atores-chave, suas metodologias obscuras e truculentas, de modo a possibilitar a responsabilização  e co-responsabilização dos mesmos, em particular o BNDES. É  crucial que se exponha a célere territorialização corporativa de que é objeto a  sub-região protocolarmente denominada  “Sudoeste da Amazônia”,  no Plano Amazônia Sustentável(PAS), assim como as formas de atualização do bloco de poder inter-escalar que implicam em novas fórmulas hegemônicas. Em contraponto, é preciso demarcar as territorializações ribeirinhas, indígenas e camponesas resilientes, e também as pontes possíveis com dinâmicas disruptivas de base urbana. A questão central aqui colocada é: haverá um “nós” denso e representativo  para evocar o significado dessa renúncia, renúncia ao Madeira, ao Xingu, ao Tapajós e demais rios amazônicos,  a tudo que aflora, circula, brota e se multiplica com seus fluxos?

La Federación de Trabajadores de la Construcción de Perú reclamó ante el embajador de Brasil la necesidad que las empresas de ese país respeten los derechos de los trabajadores locales. La denuncia apunta a OAS, Carmargo Correa y Queiroz Galvao.

El embajador de Brasil en Perú, Jorge D’Escragnolle, se comprometió a interceder ante empresas constructoras de su país que operan en Perú, para que respeten los derechos de los trabajadores locales. El diplomático asumió el compromiso ante una delegación de la Federación de Trabajadores de la Construcción que protestaron ante la Embajada de Brasil contra los abusos de la empresa Constructora OAS y el consorcio que forman las compañías Camargo Correa y Queiroz Galvao.

Advirtió sin embargo que corresponde al Gobierno peruano la obligación de hacer cumplir las leyes laborales peruanas, refirió el dirigente sindical Luis Villanueva tras la audiencia. Villanueva añadió que el embajador recibió cortesmente a los trabajadores, quienes le señalaron que tales empresas violan las normas laborales peruanas al negar el derecho de sus trabajadores sindicalizarse y haber despedido a 16 dirigentes.

“El embajador ha sido franco en decirnos que él va a tratar de ayudarnos con estas compañías, pero que quien está obligado a hacer respetar las leyes peruanas es el Gobierno”, indicó el sindicalista.

Basado en un reporte de Prensa Latina, 22 setiembre 2010.

OAS, empresa constructora brasileña invertirá 100 millones de dólares en obras para manejo de aguas sobre el Río Rimac y otros emprendimientos.

La constructora OAS de Brasil invertirá 100 millones de dólares en una obra de trasvase de aguas y en la construcción de un túnel bajo el río Rímac, en Lima, informaron sus representantes tras reunirse con el presidente Alan García.

El gerente general de OAS, Valfredo Ribeiro, precisó que uno de esos proyectos es el trasvase de agua Huascacocha, cuyo contrato de concesión se firmó en febrero del 2009. “Tenemos un plazo superior a un año para cumplir con las condiciones que establece el contrato para iniciar las obras”, indicó Ribeiro a la agencia estatal Andina.

La empresa brasileña se encargará del diseño, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de captación, regulación y trasvase de aguas hacia la cuenca del río Rímac, y su posterior suministro a la compañía pública de agua y alcantarillado Sedapal.

“Aún tenemos algunas gestiones contractuales que cumplir y otras providencias, pero ya están listos el diseño del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, los temas técnicos, y nuestro equipo está listo para iniciar las obras en mayo”, detalló.

El proyecto debe terminarse en dos años con la construcción de 25 kilómetros de canales y una presa, a casi 5.000 metros de altitud, en los andes centrales.

La segunda obra de importancia será la vía expresa denominada Línea Amarilla, un túnel de nueve kilómetros que se perforará debajo del cauce del río Rímac, para aliviar el tránsito de vehículos hacia la capital peruana.

La empresa debe contar con la aprobación de los pobladores que residen en esa zona, por tal motivo se está coordinando con la municipalidad capitalina para difundir sus implicaciones y beneficios con el objeto de iniciar las obras de la Línea Amarilla en mayo próximo.

Basado en reporte de la agencia EFE; procesado por CLAES.