Brasil es un país que se destaca por tener una matriz energética altamente diversificada y con una presencia importante de fuentes renovables. De esta manera, la composición energética se basa en fuentes hidroeléctricas, térmicas, combustibles fósiles, eólicas, biomasa y nuclear en menor medida2. Para el 2008 la participación de energías renovables en el total de la matriz energética se estimaba en 45,9%, lo que incluía fundamentalmente hidroeléctricas y etanol combustible.

Pero esta matriz viene experimentando cambios en los últimos tiempos, los altos precios del azúcar en el mercado internacional y las secas experimentadas en las zonas de producción de caña, han impacto fuertemente en la producción del etanol, con una caída de hasta 4% estimado para el 2011. Esta reducción afecta igualmente los planes comerciales del sector, hasta el punto de que se prevé una drástica reducción de las exportaciones de etanol combustible.

La Empresa Nacional –Petrobras- ya ha anunciado en su nuevo plan de negocios un aumento de la producción interna de petróleo y su actual presidente ejecutivo (Sergio Gabrielli) ha tenido que entrar en debate público con el Ministro de Hacienda (Guido Mantega) que se niega a aceptar un aumento en los precios del combustible. Con esta situación de fondo, podemos prever varios escenarios importantes de alcance
continental.

Primero, la caída de las exportaciones de etanol combustible, al menos por un periodo todavía indeterminado de tiempo (2013), impactaría sobre todo en los términos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, principales compradores. No solo se trata de que Brasil podría recurrir a la importación de gasolina para suplir demanda, pero desde el año pasado viene importando etanol (sobre todo etanol anidro) de los Estados Unidos3.

En segundo lugar y vinculado con el tema anterior, el plan de inversiones de la Petrobras para el aumento en la producción de petróleo y gas natural hasta 2014, sitúa la necesidad de inversiones no menores de US$17 mil millones, siendo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) uno de los principales colaboradores en la materia. Estas inversiones se estiman fundamentales pues paralelamente se reconoce que hasta finales de 2011 la oferta nacional de gas tendrá un aumento del 40%. Igualmente, la producción estimada de la “Bacia de Campos”4 se espera que incremente en 60 millones de metros cúbicos diarios en 2017 y 100 millones para 2020.

Esto significa que la oferta de Gas, conjuntamente con el desarrollo del Pré-Sal (70% del gas producido en el país esta asociado al petróleo) están potenciando un mercado interno que podría sustituir las importaciones actuales e impactar sobre todo los términos de compra con Bolivia, fijados hasta 20195.

Esto tiene una clara expresión en el uso del Gas del Pré-Sal sobre el Complejo Petroquímico de Rio de Janiero (COMPERJ) que prevé la construcción de dos refinerías con capacidad de 165 mil barriles/día de derivados de petróleo que estarán listas en 2013 y 2018, respectivamente. En otras palabras, el gas de Bolivia todavía es más barato en Brasil, por cuenta de una regla de ajustes de precios fijada en 2007, pero esa situación tenderá a modificarse en los próximos años, sobre todo con la idea de convertir a Brasil en exportador.

A esto es importante sumar que la Petrobras, Braskem, Ultrapar y COSAN6 se unieron en un proyecto para crear un Centro de Desarrollo de Gasificación de Biomasa con financiamiento del BNDES. La idea fundamental es producir gas a partir del bagazo de la caña de azúcar y este gas utilizarlo en la generación de energía eléctrica y materiales para la producción de los llamados plásticos verdes.

En tercer lugar, es de destacar que en términos de energía nuclear Brasil cuenta con dos centrales -Angra 3 todavía en proceso de ser concluida en 2015- lo que generaría un 2.3% del total de la electricidad del país. El precio de esta energía es todavía muy alto en comparación con la energía hidroeléctrica, por eso el debate en el Gobierno Federal sobre la presencia de la iniciativa privada en materia de energía nuclear, pretende crear condiciones para transformar el mercado brasileño en atractivo para empresas privadas de capital japonés, europeo o de los Estados Unidos, tales como: Suez, Areva, Westhinghouse, Enel, Toshiba e Iberdrola.

El Plan Nacional de Energía estimula la producción de energía nuclear en unos 4000 MW hasta 2025; el doble de la producción actual. Sin duda alguna, un factor importante es la existencia de estudios que demuestran que los impactos del Cambio Climático conducirán a reducciones significativas en la producción de energía hidroeléctrica. Este panorama, en términos generales solamente reforzaría la matriz dependiente de petróleo en el caso de Brasil, hasta por lo menos 2030, pues la energía nuclear no es solución sustitutiva.

Por esta razón, algunas organizaciones como WWF-Brasil han sostenido la importancia de apostar por energías alternativas, como la eólica, que según datos del Centro de Investigación de Energía Eléctrica (CEPEL-Electrobras) podría generar hasta 143 mil MW. El Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) también insiste en que las energías alternativas son el camino para librarse de la dependencia del petróleo. Según un estudio de este Instituto, publicado en febrero del presente año, es necesario que en los próximos cuatro años la energía eólica produzca un 2.1% del total de la electricidad del país, más o menos los mismos términos que se espera para la energía nuclear con la finalización de Angra 3.

Sin lugar a dudas la pauta energética brasileña necesita un debate, por las condiciones actuales se puede perfilar en el futuro cercano nuevos re-acomodamientos en la geopolítica regional de los recursos y su comercialización, no puede dejar de considerarse que buena parte de las inversiones brasileñas en la región están relacionadas con la posibilidad de garantizar un mercado energético seguro, tanto internamente como en el ámbito regional.

Notas

1 – El título hace referencia a un slogan utilizado por la Petrobras: “Energía que move o mundo”.
2 – Es importante destacar, que actualmente unos 8mil MW de la energía eléctrica utilizada en Brasil son importados de Paraguay, Argentina, Venezuela y Uruguay (Veáse informe de IPEA citado en la bibliografía) .
3 – La empresa norueguesa Novozymes estima que la producción de etanol celulósico (biocombustibles de segunda generación -2G Biofuel-) solo será producido en pequeñas cantidades en Brasil a partir del 2013. Una situación similar para los Estados Unidos y China.
4 – La Bacia de Campos es responsable por más del 80% de la producción nacional de petróleo. Existen 55 pozos de extracción que generan 22 millones de metros cúbicos de gas por día. Se encuentra ubica entre la parte norte del Estado de Rio de Janeiro y la costa sur de Espiritu Santo.
5 – Actualmente Brasil importa 30 millones de metros cúbicos de gas de Bolivia.
6 – La Brasken es la mayor empresa productora de resinas termoplásticas y productos petroquímicos con más de 29 plantas distribuidas entre los Estados Unidos y Brasil. Ultrapar es la empresa encargada de distribución de combustibles en Brasil, con operaciones en México y Venezuela, así como oficinas comerciales en Argentina y los Estados Unidos. La COSAN es una de las mayores empresas productoras y exportadoras de azúcar y etanol y la mayor productora mundial de energía eléctrica
producida a partir del bagazo de la caña de azúcar.

Bibliografía utilizada

Angelo, Claudio/Coimbra, Leila. “Compra de energia pode ser obrigatória. Planalto discute obrigar consumidores a adquirir energia nuclear, sem leilão, a fim de tornar negócio rentável” Folha de Sao Paulo. 27-07-2010. Mercado B3.

Instituto de Investigaciones Economicas Aplicadas (IPEA) “Sustentabilidad Ambiental no Brasil: Biodiversidade, economia e bem-estar humano”. Serie Eixos do Desenvolvimento Brasileiro. Comunicados de IPEA #77. 5-02-2011

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/

110215_comunicadoipea77.pdf

Rangel, Juliana. “Oferta de gás terá aumento de 40% até o fim do ano.” Jornal Brasil Econômico. 3-04-2011 pp 12-13.

Redacão. “Gabrielli volta a cogitar aumento no preço da gasolina”. Jornal Band. 12-04-2011

http://www.band.com.br/jornalismo/economia/conteudo.asp?ID=100000420120

Silveira, Luiz. “Etanol perde espaço na matriz energética.” Jornal Brasil Econômico. 2 e 3-04- 2011. pp 12-13.

Silveira, Luiz. “Produção de Etanol cairá 4% em 2011”. Jornal Brasil Econômico. 22-02-2011. p5.

WWF-Brasil. “Segurança energética, alternativas e visão do WWF-Brasil” Posicionamento. wwfbr.panda.org/

Por Luis Fernando Novoa Garzon (Profesor en la Universidad Federal de Rondonia, miembro de la Red Brasil sobre las IFMs)

A análise e o acompanhamento das transformações observáveis ao longo da implementação do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira (RO) são cruciais no sentido de testar as metodologias, procedimentos e indicadores que têm sido apresentados como um “novo paradigma” de construção de grandes UHEs na Amazônia, que irá nortear a expansão da fronteira elétrica na região. Durante a fase prévia do licenciamento dos empreendimentos, o conjunto de  incertezas, técnica e socialmente identificadas,  para a população e o meio ambiente,  foi certificado como válido e passível de monitoramento. Na fase de instalação, subsequentemente, os consórcios obtiveram plena discricionariedade para impor seus cronogramas físico-financeiros, independentemente  da execução plena e prévia dos programas compensatórios e mitigatórios.

Na região do Município de Porto Velho(RO) e adjacências, configurou-se, a partir do início das obras das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, a partir de 2008, uma dinâmica social de novo tipo, com descontinuidades intensificadas no espaço e no tempo, com efeitos assimétricos sobre os grupos sociais afetados. Esses efeitos são desproporcionais e diferenciados segundo a posição e o lugar relativo dos grupos sociais em relação à intervenção referida.  Quanto mais vinculados ao ciclo do rio e de suas margens, maior a perda e dissipação de poder material e simbólico. Quanto mais instrumentalizados forem em função dos requisitos e do cronograma das duas obras, maior a invisibilidade e descartabilidade dos mesmos, incluindo a força de trabalho direta e indiretamente mobilizada pelas obras, bem como a população que vai engrossando as áreas peri-urbanizadas da cidade anfitriã dos dois megaprojetos.

Os danos sócio-econômicos, culturais e ambientais já consubstanciados na instalação do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, constituiriam motivo suficiente, houvesse rigor proporcional na aplicação da legislação ambiental ao nível de classificação de risco dos empreendimentos,  para  a paralisação das obras e a subseqüente revisão não apenas de sua metodologia, cronograma, mas da própria viabilidade ambiental atribuída sob chantagem privada e coerção governamental . Para além das parcas medidas de compensação e mitigação previstas no licenciamento das duas obras, o está em jogo nesse caso é a plena autonomia conferida aos Consórcios titulares das novas concessões de aproveitamento hidrelétrico na Amazônia, para gerir o que eram antes considerados “bens públicos”.

Com o intuito de consolidar a participação do setor privado(PSP) na áreas de infra-estrutura, a ordem unida é a regulamentação desregulamentadora nas três esferas governamentais, bem como em todas as instâncias setoriais, creditícias e fiscalizadoras respectivas(MMA, IBAMA, ANA, MME, ANEEL, BNDES, TCU). Flexibilidade institucional  dirigida  para o planejamento territorial corporativo e, subsequentemente, para o rebaixamento ainda maior dos patamares mínimos de direitos sociais e de salvaguardas ambientais.

O aplainamento do processo de licenciamento, de concessão e de financiamento desses dois aproveitamentos hidrelétricos no rio Madeira é uma derivação lógica da  política de atração de investimentos para o setor de infra-estrutura, o cerne  do PAC- Programa de Aceleração de Crescimento, lançado em 2007 e relançado como PAC 2, em 2010. Essa iniciativa, vista de forma superficial, seria tão somente um programa de execução de obras prioritárias, quando na verdade compreende também uma agenda de facilitações regulatórias e creditícias pró-mercado, através de reformas administrativas e setoriais nos órgãos e na legislação ambiental, bem como da reestruturação do BNDES. Essa conjunção materializada na emissão das Licenças Prévia e de Instalação  das Usinas do rio Madeira e na  viabilização de seus respectivos leilões, fez surgir um novo e temerário paradigma de “licenciamento automático”. A instalação dessas usinas, na forma como se apresenta, equivale a um salvo-conduto institucional para a reabertura de um novo ciclo de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia, em território brasileiro e transfronteiriço.

Já instalados os canteiros de obras das duas usinas, impôs-se a verificação de como a precarização e flexibilização de sua regulamentação vêm se refletindo na sua implementação efetiva das mesmas. Procurou-se, por conseguinte, diante das lacunas processuais oficialmente internalizadas, avaliar a possibilidade mesma de se atestar, nessas condições, consistência e adequação das ações de remanejamento e as medidas de compensação e mitigação dos impactos previstos nas comunidades a montante das UHE de Jirau e Santo Antônio. Como é possível compensar o que nem sequer foi mensurado ou reconhecido como perda ou dano? Governo e empreendedores determinam, a partir das UHEs no rio Madeira, que  subjetividades e direitos coletivos são passíveis de compra e venda.

Como concessões elétricas traduzem-se em cessões territoriais

O  maleável regime de concessões  do setor elétrico aplicado a grandes aproveitamentos hidrelétricos na Amazônia tem redundado em oficiosos processos de cessão, a grandes conglomerados privados, de porções territoriais estratégicas para o país. Tal como o Projeto Grande Carajás(PA), aprovado em 1982, o Projeto Complexo Madeira é que define a região que  lhe cabe. Grandes Projetos de Investimentos(GPIs), ao gerarem espaços em função da máxima eficácia dos investimentos aportados neles, não poderiam deixar de planejar e gerir esses mesmos espaços.

Contudo, à diferença das décadas de 70 e 80,  quando o regime militar procurava incorporar a Amazônia à estrutura produtiva do centro-sul do país  por meio de obras viárias e de incentivos fiscais,  a partir dos anos 90 o avanço da fronteira econômica na região passa a ser crescentemente dirigido por cadeias globais de valor. As mediações políticas derivadas de uma rígida divisão inter-regional do trabalho foram sendo substituídas por fórmulas territoriais flexíveis condizentes com as  novas estratégias de deslocalização dos investimentos e  ajustes espaciais consecutivos. O que não significa ausência de política ou do Estado, e sim seu pleno disciplinamento em coalizões privado-públicas, necessariamente nesta ordem. O que pode ser mais ativo, em termos político-operacionais, que medidas progressivas de liberalização comercial e flexibilização legal, além do empenho de estatais, bancos e fundos públicos e semi-públicos na formação de conglomerados empresariais com raio de atuação no Brasil e/ou a partir dele?

O Projeto Complexo Madeira, que se articula a outros projetos de interconexão de infra-estrutura no continente, serve de trampolim para impulsionar uma série de novos  megaprojetos na Amazônia. A meta é estruturar e potencializar plataformas e corredores de exportação, com a disponibilização não só de energia hidrelétrica e recursos naturais conexos( terras, jazidas minerais, madeira e biodiversidade) mas da plasticidade territorial que se fizer necessária, ou for convidativa, aos conglomerados privados. Os arranjos empresariais resultantes são concomitantemente eleitos pelo Estado e eletivos das políticas setoriais deste. O novo planejamento territorial em operação na Amazônia paradoxalmente dinamiza nossas vantagens comparativas estáticas, em um processo de acumulação extensiva marcado por especializações regressivas em termos de agregação de valor e inovação tecnológica.

O compartilhamento jurisdicional, empresas-Estado, da região do alto Madeira, teve início ainda na fase dos estudos ambientais do Complexo hidroelétrico. Procedeu-se em 2007 uma alteração regulamentar dos patamares de suficiência de comprovações técnicas e de compromissos públicos requeridos para atestar a viabilidade ambiental e social das duas usinas. O seu licenciamento a fórceps, ensejou o desmanche como um todo do licenciamento ambiental nacional. O próprio órgão licenciador, o IBAMA, sofreu uma intervenção administrativa, em 2007, que além de fragmentar suas funções originais, delimitou-as retirando dele capacidade de vetar projetos considerados de “interesse nacional”. Na análise do Estudo de Impacto Ambiental e de suas complementações, a cargo  do então Consórcio Furnas-Odebrecht (hoje Santo Antônio Energia) identificamos as seguintes distorções e incongruências:

a) Minimização das áreas de impacto direto e indireto com a exclusão do território Bolívia e das áreas a jusante.

b) Anulação da necessidade prévia dos estudos de bacia.

c) Adoção de metodologias e critérios de certificação que minimizam e mascaram os danos.

d) Definição arbitrária dos Consórcios dos próprios critérios de suficiência ou de insuficiência de estudos, e medidas mitigatórias e compensações decorrentes.

e) Aprovação das Licenças Prévias e de Instalação com condicionantes que procuram substituir o vazio de informação e de diagnóstico pelo monitoramento das incertezas, o que significa que os empreendedores adquiriam autonomia para definir os próprios parâmetros da instalação e operação das usinas.

Esses vícios de origem no processo de licenciamento das UHEs do rio Madeira reproduziram-se e desdobraram-se no momento de elaboração e de implementação dos Projetos Básicos Ambientais a cargo dos Consórcios Energia Ssustentável do Brasil(ESBR) e Santo Antônio Energia(SAESA). Nos dois PBAs consta o princípio de que o empreendedor fica obrigado a recompor as condições de vida e das atividades produtivas na área diretamente afetada pelas obras e pela formação do reservatório. Em tese, a recomposição das atividades e da qualidade de vida, por meio de indenização justa ou do remanejamento, deveria se dar “em condições pelo menos equivalentes às atuais”. O Programa de Remanejamento a cargo do Consórcio Santo Antonio Energia, por exemplo, reitera o compromisso de se ofereça indenização ou  processo de realocamento de modo que “todos os afetados deverão ter condições de ser remanejados para uma propriedade pelo menos equivalente.”

No entanto, não foram prescritos ou previstos indicadores, critérios e metas para que essa obrigação fosse cumprida, ou seja, sobre como seria essa “recomposição”, com quais meios, recursos e prazos. O modelo de reassentamento em agrovilas estranhas às tradições comunitárias ribeirinhas, e ainda por cima localizadas em solos inférteis sem acesso ao rio e seus igarapés, constituiu uma via de mão única na “negociação” da realocação da população atingida. Cerceados pela contagem regressiva do despejo, cerca de 85% dos afetados submeteram-se ao instrumento da indenização ou da carta de crédito, proporção averiguada pelo próprio IBAMA. O que deveria ser exceção tornou-se regra, em termos de deslocamento compulsório, no decorrer da instalação das UHEs no rio Madeira. Modos de vida amazônicos singulares não deveriam ser levianamente contabilizados e sim protegidos e sustentados por políticas públicas que reconhecessem e valorizassem as múltiplas abordagens coletivas no trato do espaço e do tempo. A indenização exclusivamente monetária é uma amortização sumária dos compromissos sociais formalmente assumidos pelos Consórcios junto à população atingida, uma política oficial  de erradicação de dezenas de comunidades ribeirinhas, agora entregues à sua própria sorte em novas frentes irregulares de ocupação urbana e rural.

O negligenciamento no cumprimento dos já rebaixados parâmetros sociais e ambientais se refletiu na falta de detalhamento das diretrizes constantes nos PBAs das UHEs de Jirau e Santo Antonio. Essa  metodologia de auto-licenciamento depende de combinações nas múltiplas escalas de Governo, o que implica em negociações cruzadas, paralelas ou oficiais, no uso das verbas de compensação social e rearranjos das contrapartidas federais, estaduais e municipais. Um complexo intercambio de interesses entre grupos econômicos globais e locais  e suas representações políticas, ocorre sob a conveniente fachada de “fornecimento de energia para o Brasil” e “geração de emprego e renda na região”.

O processo de desterritorialização levado a cabo por grandes projetos de mineração na Amazônia se articula com aquele produzido pelos projetos hidrelétricos na região. Ambos se retroalimentam, em ordem direta e reversa.   No entorno do Complexo Madeira o processo de desterritorialização e de reterritorialização vai se consumando diligentemente, pelo grau de interpenetração dos Consórcios e conglomerados anexos com os aparelhos governamentais regulamentadores e fiscalizadores.

A apropriação do alto Madeira e a definição da forma predominante de seu uso se associa a estratégias simbólicas de universalização da forma tida como a mais “adequada” para utilização  daquela territorialidade.  A implementação célere e brutal das UHEs de Santo Antônio e Jirau se vale do alicerce objetivo de expropriações sucessivas, promovidas no bojo da formação territorial do Estado de Rondônia. E ainda conta com o beneplácito subjetivo de uma população majoritariamente migrante, que vítima  e órfã de um modernização periférica, se dispõe a qualquer sacrifício em nome de seu “repatriamento” a qualquer dinâmica que remeta à centralidade altiva do “progresso”, especialmente quando o objeto de sacrifício maior lhe pareça alheio e exterior, como as comunidades tradicionais que vivem ao longo do rio Madeira.

O controle e o uso compartilhado das águas e várzeas do rio Madeira pôde proliferar no interregno dos surtos de expansão mercantis. Exatamente por isso nunca foram objeto de políticas públicas que dinamizassem suas potencializades horizontalizantes, que lhes providenciasse regularização fundiária, créditos preferenciais, programas de extensão de caráter agroecológico e infra-estrutura social. Depois de inserido no mapa dos grandes negócios, agentes econômicos e as arenas estatais por eles manejadas, o rio Madeira é estampado como providencial estoque/escoadouro de energia, commodity basilar, porque insumo das demais commodities que tem definido o ritmo de crescimento e o perfil produtivo do país.

Madeira: restabelecer a controvérsia e o contraponto

Podemos atestar que a defasagem entre os direitos e os interesses da população local e o processo de licenciamento e implementação das UHEs de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, foi voluntária e premeditadamente construída pelas empresas concessionárias, com anuência e colaboração do poder público.

Como bônus extra, os Consórcios Santo Antônio Energia(SAESA) e Energia Sustentável do Brasil(ESBR), podem vender 100% da energia gerada antes dos prazos previstos contratualmente (dezembro de 2012 e março de 2013, respectivamente). Os dois consórcios pretendem antecipar a geração em até 11 meses por isso e contam com a benevolência da ANEEL e do MME para tanto. Alucinados cronogramas de execução das obras são a contraparte da ausência de cronogramas físico-financeiros dos programas de compensação e de mitigação, da mais completa negligência para com a população que vive ao longo do rio Madeira e com seu meio ambiente. Se nem sequer as condicionantes da Licença Prévia foram  cumpridas, como acenar com a emissão antecipada da Licença de Operação, sem que se consolidem mínimas salvaguardas sociais e ambientais?

Na direção contrária, o procedimento democrático elementar,  frente ao conjunto de evidências de descumprimento flagrante de compromissos legais  por parte dos Consórcios liderados pela Odebrecht e pela Suez, seria a suspensão da Licença da Instalação das Usinas de Santo Antônio e Jirau e o estabelecimento de um balanço rigoroso das irregularidades cometidas. Existisse um Ministério de Meio Ambiente com efetividade similar ao de Minas e Energia, ou um Poder Judiciário desincumbido de blindagens casuísticas, esta seria a única diretiva cabível diante de  mais um desastre social e ambiental  em curso na Amazônia.

Em paralelo e procurando explicitar toda a extensão dois danos já verificáveis produzidos por essas obras incondicionadas, propomos a criação de uma Comissão de investigação, composta por especialistas, representantes do Ministério Público Federal, dos movimentos sociais e da população atingida para fornecer um quadro fidedigno da desestruturação social e ambiental que se dá na região do rio Madeira. Iniciativa que procurará colocar em pauta a revisão do licenciamento ambiental das duas usinas projetadas, bem com a rediscussão do projeto Complexo Madeira como um todo.

Seria tarefa prioritária dessa Comissão, e em especial dos grupos de pesquisa universitários adjuntos,  explicitar o novo modelo de investimento e de financiamento aplicado à construção das UHEs de Santo Antônio e Jirau, identificando atores-chave, suas metodologias obscuras e truculentas, de modo a possibilitar a responsabilização  e co-responsabilização dos mesmos, em particular o BNDES. É  crucial que se exponha a célere territorialização corporativa de que é objeto a  sub-região protocolarmente denominada  “Sudoeste da Amazônia”,  no Plano Amazônia Sustentável(PAS), assim como as formas de atualização do bloco de poder inter-escalar que implicam em novas fórmulas hegemônicas. Em contraponto, é preciso demarcar as territorializações ribeirinhas, indígenas e camponesas resilientes, e também as pontes possíveis com dinâmicas disruptivas de base urbana. A questão central aqui colocada é: haverá um “nós” denso e representativo  para evocar o significado dessa renúncia, renúncia ao Madeira, ao Xingu, ao Tapajós e demais rios amazônicos,  a tudo que aflora, circula, brota e se multiplica com seus fluxos?

Bolivia y Brasil acordaron construir un nuevo punto de entrega de gas para abastecer la termoeléctrica brasileña Cuiabá, informó una fuente estatal.

El acuerdo fue suscrito por las petroleras YPFB Corporación de Bolivia y Petrobras de Brasil, e indica que el nuevo punto será construido en la localidad de San Matías cercana a la frontera brasileña desde donde se entregarán 2.2 Millones de Metros Cúbicos Diarios (MMCD) de gas.

“Va a continuar la negociación entre Petrobras y YPFB para cerrar los contratos de comercialización y de transporte. Una vez cerrado el contrato, se suscribirán las adendas y en ese momento estará la fecha de entrega de estos nuevos volúmenes” , dijo el presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Bolivia exporta actualmente a Brasil entre 27 y 31 MMCD, dentro de los cuales ya se incluyen los 2.2 MMCD que se enviarán a la termoeléctrica Cuiabá.

Basado en un reporte de LATAM

Odebrecht retoma las operaciones en Ecuador el 1 de noviembre, luego de haber sido expulsada del país por el gobierno Correa por los problemas en la construcción de una represa. Se llegó a un acuerdo después de un arbitraje.

La empresa brasileña Odebrecht retomará sus operaciones en Ecuador luego de que se firmó un convenio transaccional con HIDROPASTAZA, administradora de la central Hidroeléctrica San Francisco. El convenio fue avalado por el procurador General del Estado, Diego García, y en el documento quedaron establecidas las condiciones para superar las controversias.

Las glosas emitidas por la Contraloría General del Estado fueron retiradas el pasado 1 de septiembre y, 21 días después, la Fiscalía de Tungurahua se abstuvo de acusar a quienes el organismo de control había acusado inicialmente.

Asimismo, la directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, Maribel Morales, indicó que las demandas arbitrales fueron desestimadas.

En el 2008 el Gobierno Nacional expulsó a la empresa brasileña por el colapso que sufrió la central Hidroeléctrica San Francisco.

Basado en un reporte de J. Boza Ramírez, para CRE Ecuador; editado por CLAES.

El Fondo de asistencia del MERCOSUR aprobó financiar la conexión eléctrica entre Brasil y Uruguay. El tema estaba pendiente desde hace mucho tiempo al no contar con el visto bueno de Argentina en el seno del MERCOSUR.

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (Focem) financiará parte del Proyecto de Interconexión Eléctrica entre Brasil y Uruguay, mediante un convenio suscrito entre la fcancillería uruguaya y la secretaría del bloque. El documento contó con las firmas del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, y Agustín Colombo Serra, director de la secretaría del MERCOSUR (Mercado Común del Sur), del que también son miembros Argentina y Paraguay.

Almagro explicó que este plan de infraestructura cambia la modalidad y los contenidos de la integración uruguaya- brasileña. Según el titular, el convenio brinda perspectivas a futuro desde el punto de vista energético y al mismo tiempo, agregó, abre el camino para desarrollar otras propuestas. El proyecto fue aprobado en el marco del Consejo Mercado Común del bloque durante la cumbre celebrada en San Juan, Argentina, en agosto pasado.

Roberto Kreimerman, ministro de Industria, Energía y Minería, por su parte, resaltó que la firma del documento es un acontecimiento importante al concretar pasos dados a nivel regional sobre el tema energético.

Focem brindó un fondo no reembolsable cercano a los 98 millones de dólares, cerca del 32 por ciento del valor total de la obra, pues se encuentra en marcha y está calculada su puesta en marcha en el 2013. Los trabajos incluirán la instalación de líneas de transmisión en territorios de ambos países y una estación convertidora de frecuencia. Mediante la interconexión Brasil le podrá vender energía a Uruguay y viceversa.

Basado en un reporte de Prensa Latina, de W. Alayon Perez, del 15 setiembre 2010; procesado por CLAES.

Bolivia podría asociarse con Electrobras en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica, de acuerdo a las explicaciones dadas en Brasil por el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Roberto Peredo Echazú, aseguró un reporte del semanario especializado Energy Press.

El informe señala que una de las posibilidades de negocio, abiertas por los funcionarios del gobierno de Bolivia, es que Electrobras construya plantas en territorio boliviano para exportar el excedente de consumo local a Brasil.

Estas negociaciones tendrían lugar a través de las embajadas de ambos países, que desarrollan trabajos conjuntos, según dijo Peredo Echazú, en la reunión que altos funcionarios bolivianos sostuvieron la pasada semana en Brasil con autoridades del vecino país.

“La posición que tiene Bolivia es inmejorable y es una oportunidad que no se puede desaprovechar al estar rodeada por grandes países, los cuales tienen cada uno problemas energéticos”, expresó el viceministro. También informó sobre el interés de aprovechar la colaboración de Electrobras en la reconstrucción de la empresa estatal ENDE.

Por su parte, el embajador de Bolivia en Brasil, Alberto González, resaltó las oportunidades para el desarrollo hidroeléctrico en el río Madera y la instalación de una central térmica en Puerto Suárez.

Según la reseña de Energy Press, la pasada semana, bajo el auspicio del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico, denominado GESEL- UFRJ del Brasil, a la cabeza del académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Nivalde de Castro, Bolivia participó de un Seminario binacional en Río de Janeiro, con la presencia de algunos representantes del sector eléctrico boliviano como el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Roberto Peredo y el Gerente General de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Rafael Alarcón.
Allí también estuvieron Arturo Iporre, presidente del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Álvaro Herbas, gerente general de ELFEC, y Nelson Caballero, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.

En este encuentro, según el informe de prensa, se conoció que durante el próximo año, Electrobras espera iniciar la construcción de centrales eléctricas y líneas de transmisión que en el futuro asegurarán la producción de 6.000 megavatios. Hasta el 2020, el 10% de los ingresos de Electrobras deberían ser procedentes del exterior, dijo el superintendente de Operaciones Internacionales de esa empresa, Sinval Gama.

De esta manera, Electrobras espera conseguir una rentabilidad superior en sus proyectos en el extranjero que en los emprendimientos nacionales. En el caso boliviano, según dijo Peredo Echazú, “el país tiene un potencial de generación eléctrica de 40.000 megavatios (MW), sin embargo, sólo utiliza el 1% de este volumen”.

En este marco, en la reunión binacional se pasó lectura a algunos proyectos hidroeléctricos de integración energética entre Bolivia y Brasil, como Cachuela Esperanza, de 100 MW a 400 MW; Laguna Colorada, de 100 MW a 400 MW; Miguillas, 1.67MW a 330 MW; Rositas, de 400 MW y El Bala, de 1.600 MW.

Entre los proyectos actuales de Electrobras se encuentran la construcción de una planta hidroeléctrica en el Perú, con una inversión de $ 2,5 mil millones, y una línea de transmisión de 500 km en Nicaragua. También prevé realizar proyectos en Colombia para la generación de 3000 MW; en Uruguay, de 1000 MW; en Argentina, de 3000 MW; y en Guyana, de 6000 MW.

Electrobras es una empresa de capital abierto, controlada por el gobierno brasilero, que opera en las áreas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de acuerdo a su portal oficial.

Reproducido de la Plataformaenergetica.org de CEDLA, 2 agosto 2010.
Procesado por CLAES.

La brasilela Odebrecht invertirá cerca de US$ 607 millones en la construcción de la central hidroeléctrica de Chaglia, la cual tendrá una capacidad de 360 Megavatios de potencia que se inyectarán al sistema eléctrico del Perú

En septiembre se iniciarian las obras de la Central Hidroeléctrica Chaglla, según se consigna en la base de proyectos de Portal Minero. Esta iniciativa se emplaza en Perú, y provechará las aguas del río Huallaga y estará ubicada entre las provincias de Huánuco y Pachitea, que incluye a los distritos de Chinchao, Chaglla y Umari, en el departamento de Huánuco.

Para ello la Constructora de origen brasileño, Odebrecht invertirá cerca de US$ 607 millones en su construcción, la cual tendrá una capacidad de 360 Megavatios de potencia que se inyectarán al sistema eléctrico del Perú y se ha programado para el segundo semestre del 2016 el inicio de las operaciones comerciales de la Central Hidroeléctrica Chaglla.

Asimismo, la firma recibió la concesión provisional de Cumba 4 de 825 Megavatios y de Chadin 2 de 600 Megavatios, y se encuentra en la etapa de estudios de factibilidad. Odebrecht también participa en Perú en un
plan para la construcción de un gasoducto de 1.045 kilómetros que llevará el gas de los ricos campos de Camisea hacia la costa sur del país; y entregará en noviembre de este año una carretera interoceánica que unirá a Perú y Brasil.

Reproducido del Portal Minero de Perú, 15 julio 2010. Procesado por CLAES.

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El acuerdo energético firmado con el Brasil ocasionará desplazamiento de poblaciones, deforestación e inundaciones en 5 departamentos del Perú. Solo tomando en cuenta 2 de las posibles centrales hidroeléctricas que formarían parte de este acuerdo, 18 mil ciudadanos serían desplazados, entre ellos 10 mil pobladores Ashánincas. El acuerdo no garantiza sostenibilidad económica, social y ambiental. Expertos exigen evaluación exhaustiva del Congreso antes de que este entre en vigencia.

Un grupo de expertos peruanos en aspectos energéticos, ambientales y de desarrollo afirmaron que el Acuerdo Energético firmado el pasado 16 de junio entre el Perú y Brasil no garantiza energía limpia y renovable para el mercado Peruano, y que, por el contrario, ocasionaría una serie de impactos negativos ambientales y sociales como desplazamientos de poblaciones y deforestación en al menos 5 departamentos del Perú, poniendo en grave riesgo el futuro de la Amazonía Peruana.

Según especialistas como José Serra, Director-Miembro de la Junta de Administración de ProNaturaleza; Mariano Castro, Ex Secretario Ejecutivo del CONAM y abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y César Gamboa, Coordinador del Programa de Energía Sostenible de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el actual Acuerdo Energético firmado con el Brasil, que conlleva la construcción de un número de Centrales Hidroeléctricas en la Amazonía Peruana, no garantiza la sostenibilidad económica, social y ambiental del país.

Solo tomando en cuenta 2 de las posibles centrales hidroeléctricas que formarían parte de este Acuerdo, se desplazarían a más de 18 000 ciudadanos, entre ellos 10 mil pobladores Ashánincas. Además, más de 700 mil hectáreas de bosques amazónicos serían seriamente degradados con la entrada en vigencia dicho acuerdo.

Frente a lo antes descrito, los especialistas consideraron imprescindible que el mencionado acuerdo sea evaluado por el Congreso de la República y por expertos pertinentes antes de su entrada en vigencia puesto que no se tiene claridad sobre los beneficios para el país.

Para desarrollar y detallar las implicancias, impactos y acciones a tomar frente al reciente Acuerdo Energético firmado con Brasil, se desarrolló una Conferencia de Prensa el Viernes 18 de junio, con la participación de José Serra (ProNaturaleza), Mariano Castro (SPDA) y César Gamboa (DAR).

Brasileña OAS terminará proyecto Baba por USD 130 millones

La empresa constructora de Brasil, será la encargada de construir una gran represa en Ecuador. El costo del contrato es de USD 130 millones y comprenderá la conclusión del trasbase del río Baba-Vinces hacia  la central Daule Peripa a fin de que el embalse de este último acumule cerca de 300 gigavatios hora (Gw-h) de energía al año.

Ello a fin de que esta sea utilizada para sostener la generación de la central hidroeléctrica Daule Peripa en tiempo de estiaje.

El proyecto multipropósito Baba también incluye una central de generación hidroeléctrica de 42 Mw de potencia.

Según Calahorrano, OAS concluirá las obras del trasbase en diciembre próximo y concluirá todo el proyecto hacia junio del 2011.

Los USD 130 millones serán asignados del Presupuesto General del Estado.

Basado en El Comercio (Quito), 4 junio 2010, procesado por CLAES.