Brasil es un país que se destaca por tener una matriz energética altamente diversificada y con una presencia importante de fuentes renovables. De esta manera, la composición energética se basa en fuentes hidroeléctricas, térmicas, combustibles fósiles, eólicas, biomasa y nuclear en menor medida2. Para el 2008 la participación de energías renovables en el total de la matriz energética se estimaba en 45,9%, lo que incluía fundamentalmente hidroeléctricas y etanol combustible.

Pero esta matriz viene experimentando cambios en los últimos tiempos, los altos precios del azúcar en el mercado internacional y las secas experimentadas en las zonas de producción de caña, han impacto fuertemente en la producción del etanol, con una caída de hasta 4% estimado para el 2011. Esta reducción afecta igualmente los planes comerciales del sector, hasta el punto de que se prevé una drástica reducción de las exportaciones de etanol combustible.

La Empresa Nacional –Petrobras- ya ha anunciado en su nuevo plan de negocios un aumento de la producción interna de petróleo y su actual presidente ejecutivo (Sergio Gabrielli) ha tenido que entrar en debate público con el Ministro de Hacienda (Guido Mantega) que se niega a aceptar un aumento en los precios del combustible. Con esta situación de fondo, podemos prever varios escenarios importantes de alcance
continental.

Primero, la caída de las exportaciones de etanol combustible, al menos por un periodo todavía indeterminado de tiempo (2013), impactaría sobre todo en los términos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, principales compradores. No solo se trata de que Brasil podría recurrir a la importación de gasolina para suplir demanda, pero desde el año pasado viene importando etanol (sobre todo etanol anidro) de los Estados Unidos3.

En segundo lugar y vinculado con el tema anterior, el plan de inversiones de la Petrobras para el aumento en la producción de petróleo y gas natural hasta 2014, sitúa la necesidad de inversiones no menores de US$17 mil millones, siendo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) uno de los principales colaboradores en la materia. Estas inversiones se estiman fundamentales pues paralelamente se reconoce que hasta finales de 2011 la oferta nacional de gas tendrá un aumento del 40%. Igualmente, la producción estimada de la “Bacia de Campos”4 se espera que incremente en 60 millones de metros cúbicos diarios en 2017 y 100 millones para 2020.

Esto significa que la oferta de Gas, conjuntamente con el desarrollo del Pré-Sal (70% del gas producido en el país esta asociado al petróleo) están potenciando un mercado interno que podría sustituir las importaciones actuales e impactar sobre todo los términos de compra con Bolivia, fijados hasta 20195.

Esto tiene una clara expresión en el uso del Gas del Pré-Sal sobre el Complejo Petroquímico de Rio de Janiero (COMPERJ) que prevé la construcción de dos refinerías con capacidad de 165 mil barriles/día de derivados de petróleo que estarán listas en 2013 y 2018, respectivamente. En otras palabras, el gas de Bolivia todavía es más barato en Brasil, por cuenta de una regla de ajustes de precios fijada en 2007, pero esa situación tenderá a modificarse en los próximos años, sobre todo con la idea de convertir a Brasil en exportador.

A esto es importante sumar que la Petrobras, Braskem, Ultrapar y COSAN6 se unieron en un proyecto para crear un Centro de Desarrollo de Gasificación de Biomasa con financiamiento del BNDES. La idea fundamental es producir gas a partir del bagazo de la caña de azúcar y este gas utilizarlo en la generación de energía eléctrica y materiales para la producción de los llamados plásticos verdes.

En tercer lugar, es de destacar que en términos de energía nuclear Brasil cuenta con dos centrales -Angra 3 todavía en proceso de ser concluida en 2015- lo que generaría un 2.3% del total de la electricidad del país. El precio de esta energía es todavía muy alto en comparación con la energía hidroeléctrica, por eso el debate en el Gobierno Federal sobre la presencia de la iniciativa privada en materia de energía nuclear, pretende crear condiciones para transformar el mercado brasileño en atractivo para empresas privadas de capital japonés, europeo o de los Estados Unidos, tales como: Suez, Areva, Westhinghouse, Enel, Toshiba e Iberdrola.

El Plan Nacional de Energía estimula la producción de energía nuclear en unos 4000 MW hasta 2025; el doble de la producción actual. Sin duda alguna, un factor importante es la existencia de estudios que demuestran que los impactos del Cambio Climático conducirán a reducciones significativas en la producción de energía hidroeléctrica. Este panorama, en términos generales solamente reforzaría la matriz dependiente de petróleo en el caso de Brasil, hasta por lo menos 2030, pues la energía nuclear no es solución sustitutiva.

Por esta razón, algunas organizaciones como WWF-Brasil han sostenido la importancia de apostar por energías alternativas, como la eólica, que según datos del Centro de Investigación de Energía Eléctrica (CEPEL-Electrobras) podría generar hasta 143 mil MW. El Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) también insiste en que las energías alternativas son el camino para librarse de la dependencia del petróleo. Según un estudio de este Instituto, publicado en febrero del presente año, es necesario que en los próximos cuatro años la energía eólica produzca un 2.1% del total de la electricidad del país, más o menos los mismos términos que se espera para la energía nuclear con la finalización de Angra 3.

Sin lugar a dudas la pauta energética brasileña necesita un debate, por las condiciones actuales se puede perfilar en el futuro cercano nuevos re-acomodamientos en la geopolítica regional de los recursos y su comercialización, no puede dejar de considerarse que buena parte de las inversiones brasileñas en la región están relacionadas con la posibilidad de garantizar un mercado energético seguro, tanto internamente como en el ámbito regional.

Notas

1 – El título hace referencia a un slogan utilizado por la Petrobras: “Energía que move o mundo”.
2 – Es importante destacar, que actualmente unos 8mil MW de la energía eléctrica utilizada en Brasil son importados de Paraguay, Argentina, Venezuela y Uruguay (Veáse informe de IPEA citado en la bibliografía) .
3 – La empresa norueguesa Novozymes estima que la producción de etanol celulósico (biocombustibles de segunda generación -2G Biofuel-) solo será producido en pequeñas cantidades en Brasil a partir del 2013. Una situación similar para los Estados Unidos y China.
4 – La Bacia de Campos es responsable por más del 80% de la producción nacional de petróleo. Existen 55 pozos de extracción que generan 22 millones de metros cúbicos de gas por día. Se encuentra ubica entre la parte norte del Estado de Rio de Janeiro y la costa sur de Espiritu Santo.
5 – Actualmente Brasil importa 30 millones de metros cúbicos de gas de Bolivia.
6 – La Brasken es la mayor empresa productora de resinas termoplásticas y productos petroquímicos con más de 29 plantas distribuidas entre los Estados Unidos y Brasil. Ultrapar es la empresa encargada de distribución de combustibles en Brasil, con operaciones en México y Venezuela, así como oficinas comerciales en Argentina y los Estados Unidos. La COSAN es una de las mayores empresas productoras y exportadoras de azúcar y etanol y la mayor productora mundial de energía eléctrica
producida a partir del bagazo de la caña de azúcar.

Bibliografía utilizada

Angelo, Claudio/Coimbra, Leila. “Compra de energia pode ser obrigatória. Planalto discute obrigar consumidores a adquirir energia nuclear, sem leilão, a fim de tornar negócio rentável” Folha de Sao Paulo. 27-07-2010. Mercado B3.

Instituto de Investigaciones Economicas Aplicadas (IPEA) “Sustentabilidad Ambiental no Brasil: Biodiversidade, economia e bem-estar humano”. Serie Eixos do Desenvolvimento Brasileiro. Comunicados de IPEA #77. 5-02-2011

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/

110215_comunicadoipea77.pdf

Rangel, Juliana. “Oferta de gás terá aumento de 40% até o fim do ano.” Jornal Brasil Econômico. 3-04-2011 pp 12-13.

Redacão. “Gabrielli volta a cogitar aumento no preço da gasolina”. Jornal Band. 12-04-2011

http://www.band.com.br/jornalismo/economia/conteudo.asp?ID=100000420120

Silveira, Luiz. “Etanol perde espaço na matriz energética.” Jornal Brasil Econômico. 2 e 3-04- 2011. pp 12-13.

Silveira, Luiz. “Produção de Etanol cairá 4% em 2011”. Jornal Brasil Econômico. 22-02-2011. p5.

WWF-Brasil. “Segurança energética, alternativas e visão do WWF-Brasil” Posicionamento. wwfbr.panda.org/

El gobernador Celso Jaque, de la Pcia de Mendoza, Argentina, realizó estos anuncios luego de asistir a una reunión con la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), en esa ciudad brasileña. El gobernador anunció que Brasil piensa invertir en petróleo y gas, en los próximos cinco años, unos “690 mil millones de dólares, y Petrobras (empresa estatal) tiene previsto hacer lo propio por 240 mil millones”.

Ricardo Martins, director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la FIESP, dijo que de los 240 mil millones de dólares que Petrobras invertirá en la explotación petrolera en ese país, 10 por ciento corresponderá a negocios con empresas argentinas, y de ese porcentaje, unos 5 mil millones de dólares irán a parar a empresas de servicios petroleros y de metalmecánica de la provincia de Mendoza.

La idea es que las PYMES argentinas le provean de material y personal capacitado a Petrobras para uno de los emprendimientos más ambiciosos de los últimos años en Brasil, como la explotación de crudo mar adentro. El Gobierno de Jaque buscará ahora que las firmas mendocinas se asocien a las brasileñas para lograr, al mismo tiempo, el financiamiento de sus actividades por intermedio de Petrobras y el Estado de Brasil.

Reproducido de El Sol, Mendoza (Argentina), del 27 abril 2011; editado por CLAES.

Odebrecht concretó la compra de Kuntur para el Gasoducto del Sur. Además, Petrobras terminaría la exploración de gas en el lote 58, de donde saldrían reservas para alimentar la petroquímica.

La empresa brasileña Odebrecht concretó la compra de la mayoría de acciones de Kuntur Transportadora de Gas, que desarrolla el proyecto del Gasoducto Andino del Sur. Así lo informó a Gestión el viceministro de Energía, Daniel Cámac, quien precisó que ya recibió una comunicación de la firma Odebretch en la que le informaban oficialmente que habían adquirido el 51% de las acciones de Kuntur.

Tras la compra se ha producido un cambio en el directorio de esta última empresa. Hasta ahora, Kuntur era controlada exclusivamente por Latin Power III, L.P., uno de los fondos de capitales privados administrados por Conduit Capital Partners, firma con sede en Nueva York, dedicada a la gestión de fondos privados de inversión especializados en activos del sector energético en América Latina y el Caribe.

De esta forma, tras el ingreso de Odebrecht, Conduit Capital Partners, que presentó la iniciativa privada, se ha quedado con el 49% del proyecto. En su momento, Kuntur indicó que estaba en proceso de venta de parte del 49% del proyecto que quedaría correspondiente a Conduit, una vez se concretara la venta de la mayor parte de acciones.

El proyecto prevé llevar gas natural desde la zona de Camisea, en la provincia cusqueña de La Convención, hasta las ciudades del Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, con una inversión de US$ 1,500 millones.

Esta compra, indicó Cámac, hace más viable el proyecto de construcción del gasoducto, por el tema de la provisión de gas natural. Se refería a que la también brasileña Petrobras, que ha encontrado gas en el lote 58, se había comprometido, en la alianza que tiene con Odebrecht, a abastecer el gas a ser transportado por el proyectado gasoducto.

Al respecto, el viceministro indicó que hasta el momento hay tres trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de gas natural, asegurados a ser transportados por el citado gasoducto. Dos TCF provienen del lote 58 de Petrobras, y 1 TCF proviene del lote 88, operado por Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea.

Esta transacción también permitiría concretar el proyecto para construir una planta petroquímica en el Perú de la también firma brasileña Braskem, que es el brazo de Odebrecht en la citada industria, la cual le da valor agregado al gas natural.

No obstante, Cámac observó que los 3 TCF que se han asegurado para el gasoducto, solo alcanzarían para abastecer el consumo doméstico, vehicular y para plantas térmicas, pero no para la petroquímica.

Sin embargo, añadió que el próximo mes, Petrobras debe terminar de perforar un tercer pozo en el lote 58, de un total de cinco pozos que faltan explorar, y se espera que en ese momento la empresa haga algún anuncio de incremento adicional de reservas, lo que, acotó, serviría para la petroquímica.

A fines del 2010 el presidente de Odebrecht, Marcelo Bahia, había anunciado que esa firma estaba interesada en invertir más de US$ 2,000 millones para desarrollar una planta petroquímica en el Perú.

Aunque Kuntur comentó en febrero pasado que esperaba conseguir más gas de Bolivia si es que no encontraba mayores reservas de ese carburante en el Perú, la empresa, anotó Cámac, ha descartado eso.

Reproducido en un artículo de E. García, de Gestión (Perú), del 25 Abril 2011; editado por CLAES.

El contrato se firmó en Río de Janeiro, donde ambos ministros participaron de la feria Latin America Aero & Defense (LAAD), una de las más importante exposiciones en materia de defensa y seguridad de América Latina. Como parte de los acuerdos suscriptos entre la presidenta Cristina Fernández y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se acordó un convenio entre la Fábrica Argentina de Aviones y la aeronáutica brasileña Embraer para la construcción de partes y subcomponentes destinadas a la fabricación del avión de carga KC390 (de prestaciones similares al Hércules C-130), en la empresa estatal argentina.

“Esta firma es un hecho significativo para el desarrollo aeronáutico argentino, ya que implica la participación nuevamente de la Fábrica Argentina de Aviones en la construcción de un avión de última tecnología en el mercado internacional”, indicó el Ministerio de Defensa argetino.

Basado en un reporte de ANSA del 10 de Abril 2011; editado por CLAES.

La Vale do Rio Doce es la empresa líder del proceso de privatización de finales de los noventa (1997) en Brasil. En términos económicos lo atestiguan las ganancias por R$30 billones (reales) obtenidos por la empresa en el 2010 y un ostentoso segundo lugar entre la mayores empresas mineras del mundo. En Brasil, solamente Petrobras factura más que la Vale (R$35 billones (reales) en 2010), que a su vez comienza a ampliar la presencia en mercados de Asia, como es el caso de China. Tómese en consideración que los bonos de la empresa están invertidos en la Bolsa de valores de Hong Kong.

A pesar de tratarse de una empresa privada los lazos con las fuentes gubernamentales, sobre todo durante la gestión del ex-presidente Lula, le dejaron a la Vale R$135,7 billones (reales) de ganancia de 2003-2010, 423% más que durante el gobierno privatizador del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eso explica, en parte porque en febrero del presente año, el ex-presidente Lula apareció junto con Roger Agnelli (presidente de Vale) en la inauguración de una ferrovía en Guinea, donde la empresa está integrando el mayor proyecto mineral de hierro de toda África. Además de Guinea, el interés creciente en África fue abierto por la estrategia diplomática-comercial del anterior gobierno PT, sobre todo en países de lengua lusófona como Mozambique y Angola.

El proceso de internacionalización de la Vale ya fue denunciado en el primer Encuentro de Afectados por la Vale, que se celebró en Brasil en el año 2010. Como resultado de este evento se publicó en portugués: “Dosier de los Impactos y Violaciones de la Vale en el Mundo”, con documentación para países de América Latina, tales como: Brasil, Chile, Argentina y Perú.

El reciente anuncio de nuevas inversiones de la Vale, por más de US$9 billones en los próximos cuatro años, conjuntamente con la posición estratégica de los recursos regionales advierte sobre la avanzada del gigante de las industrias extractivistas a nivel continental. Un segundo encuentro sobre Afectados de la Vale en el Mundo, que se celebrará próximamente en abril del presente año en Belo Horizonte (de 25 al 28 de abril), capital de Minas Gerais en Brasil, será el espacio privilegiado de análisis y contrucción de estrategias en la defensa de territorios y comunidades en América Latina y África.

Por Carlos G. Aguilar, investigador asociado a CLAES

Véase

O Globo “Do Rio Doce para o mundo: Vale investirá mais de US$9 bi no exterior até 2014″. 12/03/2011. Pg 32

Dossiê dos impactos e violações da Vale no Mundo. I Encontro Internacional dos Atingidos pela Vale. Rio de Janeiro. Abril 2010.

http://atingidospelavale.wordpress.com/

O Globo. “Vale tem maior lucro entre empresas privadas da história do país, aponta Economática”. 25/02/2011

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/02/25/vale-tem-maior-lucro-entre-empresas-privadas-da-historia-do-pais-aponta-economatica-923881444.asp

Desde el gobierno pasado del ex-presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, los discursos sobre la necesidad de enfrentar el Cambio Climático parecen más dirigidos hacia el exterior que hacia las tareas internas de la política brasileña. Esto resulta aún más destacable con la propuesta de la actual presidenta Dilma Rousseff, cuando en la Cámara de Diputados en su discurso de pose presidencial, anunció un Brasil con energía limpia y crecimiento sustentable.

Pero todo depende desde donde se esté mirando la situación. Obviamente desde la Amazonía este “Brasil” parece absolutamente distante. En Estados como Pará la situación se torna dramática, y por eso ofrece un ejemplo de cómo se está pensando actualmente el modelo de energía limpia y crecimiento sustentable en el Brasil de la política real.
En la primera semana de febrero del presente año, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), anunció un avance significativo de la deforestación maderera en la región conocida como cinturón de deforestación de la Amazonía (Pará, Mato Grosso y Rondônia). Ya el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales había advertido, por información satelital, que en el segundo semestre del 2010, la deforestación en la Amazonía creció en aproximadamente 8%, con respecto al mismo periodo el año anterior.

Refiriéndose al problema, el entonces director del IBAMA, calificó el Estado de Pará como una “tierra sin ley”, según lo destacó el Diario O Globo (5/02/2011, pg10). A pesar de los esfuerzos de este organismo por mejorar las condiciones de vigilancia y control, no solo las condiciones han empeorado en relación con la deforestación, sino que actualmente se intensifica la propuesta para la construcción de la represa de Belo Monte en el Rio Xingu, al oeste del Estado de Pará. Esta cuenca hidrográfica se estima que alberga unas 51ha millones y se considera fundamental en la integridad de los sistemas de agua dulce de la Amazonía.

Si bien es cierto, el interés por la construcción de la represa inició desde mediados de la década de los 70s (llamada represa Kararaô, durante la administración del ex-presidente Ernesto Geisel), durante la administración Lula, se convirtió en el principal proyecto del Programa Nacional de Aceleración del Crecimiento (PAC). La obra a ser construida y operada por el consorcio Norte Energía, ya cuenta con apoyos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

El debate sobre los licenciamientos del IBAMA, que se esperaba estuviera listo para febrero de este año, ya costó al menos la renuncia de dos de los principales responsables a finales del 2010 y del presidente del IBAMA, Abelardo Bayma. Pero tambien existen cuestionamientos sobre la viabilidad de la obra, y la necesidad de la misma. Dado que en la zona operan algunas empresas de aluminio y alumina (material base del aluminio), se levantan sospechas de que de la energía se pretende destinar fundamentalmente para el polo minero-extractivo de la región.

Sólo para tener una idea de las dimensiones de la obra, se estima que las escavaciones serán equivalentes a las realizadas para la construcción del Canal de Panamá y su finalización se prevee para el 2014 (inicialmente para el 2015, pero se espera que esté lista antes de acabar el gobierno de Dilma Rousseff), con costos aproximados de unos 19 billones de reales , sin que nadie pueda precisar la cifras actualmente.

Pero lo que no parece cuestionable, hoy por hoy, es que la licencia definitiva del proyecto se consiguió con arreglos políticos del más alto nivel y que la decisión contraviene incluso las recomendaciones para mitigar riesgos e impactos, ya que como destacó el entonces presidente del IBAMA: el proyecto aún está con muchísimas pendientes en materia ambiental.

Algunos estudios realizados por organizaciones independientes (ONGs) han calificado el proyecto de altamente riesgoso en materia financiera (véase sobre todo el realtorio “Mega-Riesgos. Análisis de Riesgos para Inversores en el Complejo Hidroeléctico Belo Monte, Internacional Rivers/Amigos de la Tierra-Amazonía Brasileña. 2011); tambien se ha cuestionado las capacidades reales de generación de energía (se habla de un poco más de 11 mil megawatts de potencia en la época de mayor nivel de aguas (capacidad instalada) pero algunos especialistas insisten que la capacidad efectiva no pasará de un 39% de este total (véase la entrevista a Roland Widmer citada en la bibliografía) y obviamente sobre el proceso de licenciamiento una vez que el estudio previo destacó una serie de recomendaciones y condicionantes socio-ambientales antes de autorizar la licencia definitiva (instalación) que han sido desconsideradas.

Dentro de esos aspectos destacados por el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) se preveen casi 100 mil personas movilizadas a la región, sea a través de empleos directos o indirectos relacionados con la obra, en una ciudad que actualmente tiene un número de población cercano a los 100 mil habitantes. Hasta hace poco tiempo atrás las consecuencias sobre la ciudad de Altamira, principal afectada con la represa, eran las más conocidas en térrminos de grupos humanos; sin embargo, a inicios de este año la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) intervino un área cercana a la zona de construcción de la Belo Monte, e interpuso una TI (tierra indígena) entre los ríos Xingu y Bacajá, a unos 50km del projecto de la Represa.

La obra no es apenas polémica por las implicaciones que puede tener en materia socio-ambiental, además tiene implicaciones sobre la forma política en que el actual gobierno está manejando el asunto. Belo Monte demuestra como Brasil viene avanzando a dos velocidades diferenciadas, una: la de las comunidades indígenas y los pobladores que difienden sus territorios; y la otra: alta-velocidad de los mega-proyectos en minería, energía y financieros, que en Belo Monte se juntan para transparentar la política actual del gobierno y el sector financiero local.

No en vano, a mediados del mes de febrero, por decreto presidencial, el gobierno capitalizó el BNDES –que liberó dineros para la compra de equipamiento en las obras de la represa- y por otro lado se anunció que la Vale do Rio Doce concurre en la posible sustitución de Gaia Energia, subsidiaria del Grupo Bertin, como autoproductor en el control de la Belo Monte.

El capítulo final de la obra aún no se escribe, varias manifestaciones de apoyo a nivel estadual en Brasil e internacional estan surgiendo para los grupos movilizados en la región. Como advierte Eduardo Gudynas, en un reciente artículo publicado en La Primera en Perú, la obra podría tener también consecuencias sobre los países vecinos. Urge un debate y acciones a nivel sudamericano, el modelo de negocios (públicos-privados) que se está instaurando en Brasil bajo las consignas de energía limpia y crecimiento sustentable, puede ser altamente perjudicial para el futuro político y ambiental de la región.

Bibliografía utilizada

“Belo Monte não vale a pena”. Entervista com Roland Widmer. 27/01/2011

http://www.portogente.com.br/texto.php?cod=39502

Diario O Globo. Desmatamento volta a subir na Amazônia. (O País) 5/02/2011. pg10

Diario O Globo. Vale pode assumir lugar de Bertin em Belo Monte. (Economia) 18/02/2011. pg 31

Diario O Globo.BNDES e Caixa t?m reforço de R$8,6 bi. (Economia) 18/02/2011. pg 30

FUNAI interdita area perto da Belo Monte. 25/01/2011

http://eptv.globo.com/emissoras/NOT,0,0,332855,Funai+interdita+area+perto+da+Belo+Monte.aspx

Gudynas, Eduardo. “Un ejemplo brasileño que nadie debería imitar: Belo Monte” Diario La Primera. Lima, 02/02/2011

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/un-ejemplo-brasileno-que-nadie-deberia-imitar-belo-monte_79197.html

Mega-Riesgos. Análisis de Riesgos para Inversores en el Complejo Hidroeléctico Belo Monte, Internacional Rivers/Amigos de la Tierra-Amazonía Brasileña. 2011

http://www.amazonia.org.br/arquivos/374461.pdf

Novaes, Washington. Uma discussão para nos iluminar. O Estado de São Paulo. http//www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101224/not_imp657702,0.php

Escrito por Carlos G. Aguilar, investigador de la Secretaria Mesoamericana del Grito de los Excluidos, San José, Costa Rica, e investigador asociado en CLAES. Febrero 2011.

Bajo el nuevo acuerdo, cambió la composición accionaria de los socios del bloque, la cual quedó dividida de la siguiente forma: el mayor accionista es Petrobras Colombia con el 40% y seguirá siendo el operador. Ecopetrol conservará su participación del 30% y el 30% restante le corresponderá a Repsol Exploración Colombia.

Este acuerdo está sujeto a la autorización de la cesión de intereses por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que aún no se ha pronunciado sobre este asunto.

El bloque Tayrona corresponde al primer contrato de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera, firmado a mediados del año 2004. El bloque, que tiene una extensión aproximada de 1`657.900 hectáreas, hace parte de los proyectos en costa afuera del Caribe colombiano, donde Petrobras adelanta varias actividades de exploración con otros socios estratégicos.

La petrolera brasileña Petrobras tiene en Colombia en el segmento de exploración y producción de hidrocarburos, participación en 7 campos de producción (actuando en 5 como operador) y en 15 bloques exploratorios (siendo operadora en 7 de ellos).

Petrobras de Colombia tiene unidades de negocio también en la distribución y comercialización de lubricantes Petrobras Lubrax y combustibles y adicionalmente opera una red de 86 estaciones de servicios. La producción total operada por Petrobras en territorio colombiano es de 49 mil barriles de petróleo equivalentes por día (bped); El potencial de exploración de nuevas zonas, en los bloques de Tayrona, RC6, RC7, Cebucan, Balay, Cerrero, Guadual y en los bloques no operados, permite que se vislumbre un buen escenario de crecimiento para Petrobras.

Basado en El Universal, Colombia, del 5 enero 2011; procesado por CLAES.

Por Luis Fernando Novoa Garzon (Profesor en la Universidad Federal de Rondonia, miembro de la Red Brasil sobre las IFMs)

A análise e o acompanhamento das transformações observáveis ao longo da implementação do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira (RO) são cruciais no sentido de testar as metodologias, procedimentos e indicadores que têm sido apresentados como um “novo paradigma” de construção de grandes UHEs na Amazônia, que irá nortear a expansão da fronteira elétrica na região. Durante a fase prévia do licenciamento dos empreendimentos, o conjunto de  incertezas, técnica e socialmente identificadas,  para a população e o meio ambiente,  foi certificado como válido e passível de monitoramento. Na fase de instalação, subsequentemente, os consórcios obtiveram plena discricionariedade para impor seus cronogramas físico-financeiros, independentemente  da execução plena e prévia dos programas compensatórios e mitigatórios.

Na região do Município de Porto Velho(RO) e adjacências, configurou-se, a partir do início das obras das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, a partir de 2008, uma dinâmica social de novo tipo, com descontinuidades intensificadas no espaço e no tempo, com efeitos assimétricos sobre os grupos sociais afetados. Esses efeitos são desproporcionais e diferenciados segundo a posição e o lugar relativo dos grupos sociais em relação à intervenção referida.  Quanto mais vinculados ao ciclo do rio e de suas margens, maior a perda e dissipação de poder material e simbólico. Quanto mais instrumentalizados forem em função dos requisitos e do cronograma das duas obras, maior a invisibilidade e descartabilidade dos mesmos, incluindo a força de trabalho direta e indiretamente mobilizada pelas obras, bem como a população que vai engrossando as áreas peri-urbanizadas da cidade anfitriã dos dois megaprojetos.

Os danos sócio-econômicos, culturais e ambientais já consubstanciados na instalação do Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, constituiriam motivo suficiente, houvesse rigor proporcional na aplicação da legislação ambiental ao nível de classificação de risco dos empreendimentos,  para  a paralisação das obras e a subseqüente revisão não apenas de sua metodologia, cronograma, mas da própria viabilidade ambiental atribuída sob chantagem privada e coerção governamental . Para além das parcas medidas de compensação e mitigação previstas no licenciamento das duas obras, o está em jogo nesse caso é a plena autonomia conferida aos Consórcios titulares das novas concessões de aproveitamento hidrelétrico na Amazônia, para gerir o que eram antes considerados “bens públicos”.

Com o intuito de consolidar a participação do setor privado(PSP) na áreas de infra-estrutura, a ordem unida é a regulamentação desregulamentadora nas três esferas governamentais, bem como em todas as instâncias setoriais, creditícias e fiscalizadoras respectivas(MMA, IBAMA, ANA, MME, ANEEL, BNDES, TCU). Flexibilidade institucional  dirigida  para o planejamento territorial corporativo e, subsequentemente, para o rebaixamento ainda maior dos patamares mínimos de direitos sociais e de salvaguardas ambientais.

O aplainamento do processo de licenciamento, de concessão e de financiamento desses dois aproveitamentos hidrelétricos no rio Madeira é uma derivação lógica da  política de atração de investimentos para o setor de infra-estrutura, o cerne  do PAC- Programa de Aceleração de Crescimento, lançado em 2007 e relançado como PAC 2, em 2010. Essa iniciativa, vista de forma superficial, seria tão somente um programa de execução de obras prioritárias, quando na verdade compreende também uma agenda de facilitações regulatórias e creditícias pró-mercado, através de reformas administrativas e setoriais nos órgãos e na legislação ambiental, bem como da reestruturação do BNDES. Essa conjunção materializada na emissão das Licenças Prévia e de Instalação  das Usinas do rio Madeira e na  viabilização de seus respectivos leilões, fez surgir um novo e temerário paradigma de “licenciamento automático”. A instalação dessas usinas, na forma como se apresenta, equivale a um salvo-conduto institucional para a reabertura de um novo ciclo de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia, em território brasileiro e transfronteiriço.

Já instalados os canteiros de obras das duas usinas, impôs-se a verificação de como a precarização e flexibilização de sua regulamentação vêm se refletindo na sua implementação efetiva das mesmas. Procurou-se, por conseguinte, diante das lacunas processuais oficialmente internalizadas, avaliar a possibilidade mesma de se atestar, nessas condições, consistência e adequação das ações de remanejamento e as medidas de compensação e mitigação dos impactos previstos nas comunidades a montante das UHE de Jirau e Santo Antônio. Como é possível compensar o que nem sequer foi mensurado ou reconhecido como perda ou dano? Governo e empreendedores determinam, a partir das UHEs no rio Madeira, que  subjetividades e direitos coletivos são passíveis de compra e venda.

Como concessões elétricas traduzem-se em cessões territoriais

O  maleável regime de concessões  do setor elétrico aplicado a grandes aproveitamentos hidrelétricos na Amazônia tem redundado em oficiosos processos de cessão, a grandes conglomerados privados, de porções territoriais estratégicas para o país. Tal como o Projeto Grande Carajás(PA), aprovado em 1982, o Projeto Complexo Madeira é que define a região que  lhe cabe. Grandes Projetos de Investimentos(GPIs), ao gerarem espaços em função da máxima eficácia dos investimentos aportados neles, não poderiam deixar de planejar e gerir esses mesmos espaços.

Contudo, à diferença das décadas de 70 e 80,  quando o regime militar procurava incorporar a Amazônia à estrutura produtiva do centro-sul do país  por meio de obras viárias e de incentivos fiscais,  a partir dos anos 90 o avanço da fronteira econômica na região passa a ser crescentemente dirigido por cadeias globais de valor. As mediações políticas derivadas de uma rígida divisão inter-regional do trabalho foram sendo substituídas por fórmulas territoriais flexíveis condizentes com as  novas estratégias de deslocalização dos investimentos e  ajustes espaciais consecutivos. O que não significa ausência de política ou do Estado, e sim seu pleno disciplinamento em coalizões privado-públicas, necessariamente nesta ordem. O que pode ser mais ativo, em termos político-operacionais, que medidas progressivas de liberalização comercial e flexibilização legal, além do empenho de estatais, bancos e fundos públicos e semi-públicos na formação de conglomerados empresariais com raio de atuação no Brasil e/ou a partir dele?

O Projeto Complexo Madeira, que se articula a outros projetos de interconexão de infra-estrutura no continente, serve de trampolim para impulsionar uma série de novos  megaprojetos na Amazônia. A meta é estruturar e potencializar plataformas e corredores de exportação, com a disponibilização não só de energia hidrelétrica e recursos naturais conexos( terras, jazidas minerais, madeira e biodiversidade) mas da plasticidade territorial que se fizer necessária, ou for convidativa, aos conglomerados privados. Os arranjos empresariais resultantes são concomitantemente eleitos pelo Estado e eletivos das políticas setoriais deste. O novo planejamento territorial em operação na Amazônia paradoxalmente dinamiza nossas vantagens comparativas estáticas, em um processo de acumulação extensiva marcado por especializações regressivas em termos de agregação de valor e inovação tecnológica.

O compartilhamento jurisdicional, empresas-Estado, da região do alto Madeira, teve início ainda na fase dos estudos ambientais do Complexo hidroelétrico. Procedeu-se em 2007 uma alteração regulamentar dos patamares de suficiência de comprovações técnicas e de compromissos públicos requeridos para atestar a viabilidade ambiental e social das duas usinas. O seu licenciamento a fórceps, ensejou o desmanche como um todo do licenciamento ambiental nacional. O próprio órgão licenciador, o IBAMA, sofreu uma intervenção administrativa, em 2007, que além de fragmentar suas funções originais, delimitou-as retirando dele capacidade de vetar projetos considerados de “interesse nacional”. Na análise do Estudo de Impacto Ambiental e de suas complementações, a cargo  do então Consórcio Furnas-Odebrecht (hoje Santo Antônio Energia) identificamos as seguintes distorções e incongruências:

a) Minimização das áreas de impacto direto e indireto com a exclusão do território Bolívia e das áreas a jusante.

b) Anulação da necessidade prévia dos estudos de bacia.

c) Adoção de metodologias e critérios de certificação que minimizam e mascaram os danos.

d) Definição arbitrária dos Consórcios dos próprios critérios de suficiência ou de insuficiência de estudos, e medidas mitigatórias e compensações decorrentes.

e) Aprovação das Licenças Prévias e de Instalação com condicionantes que procuram substituir o vazio de informação e de diagnóstico pelo monitoramento das incertezas, o que significa que os empreendedores adquiriam autonomia para definir os próprios parâmetros da instalação e operação das usinas.

Esses vícios de origem no processo de licenciamento das UHEs do rio Madeira reproduziram-se e desdobraram-se no momento de elaboração e de implementação dos Projetos Básicos Ambientais a cargo dos Consórcios Energia Ssustentável do Brasil(ESBR) e Santo Antônio Energia(SAESA). Nos dois PBAs consta o princípio de que o empreendedor fica obrigado a recompor as condições de vida e das atividades produtivas na área diretamente afetada pelas obras e pela formação do reservatório. Em tese, a recomposição das atividades e da qualidade de vida, por meio de indenização justa ou do remanejamento, deveria se dar “em condições pelo menos equivalentes às atuais”. O Programa de Remanejamento a cargo do Consórcio Santo Antonio Energia, por exemplo, reitera o compromisso de se ofereça indenização ou  processo de realocamento de modo que “todos os afetados deverão ter condições de ser remanejados para uma propriedade pelo menos equivalente.”

No entanto, não foram prescritos ou previstos indicadores, critérios e metas para que essa obrigação fosse cumprida, ou seja, sobre como seria essa “recomposição”, com quais meios, recursos e prazos. O modelo de reassentamento em agrovilas estranhas às tradições comunitárias ribeirinhas, e ainda por cima localizadas em solos inférteis sem acesso ao rio e seus igarapés, constituiu uma via de mão única na “negociação” da realocação da população atingida. Cerceados pela contagem regressiva do despejo, cerca de 85% dos afetados submeteram-se ao instrumento da indenização ou da carta de crédito, proporção averiguada pelo próprio IBAMA. O que deveria ser exceção tornou-se regra, em termos de deslocamento compulsório, no decorrer da instalação das UHEs no rio Madeira. Modos de vida amazônicos singulares não deveriam ser levianamente contabilizados e sim protegidos e sustentados por políticas públicas que reconhecessem e valorizassem as múltiplas abordagens coletivas no trato do espaço e do tempo. A indenização exclusivamente monetária é uma amortização sumária dos compromissos sociais formalmente assumidos pelos Consórcios junto à população atingida, uma política oficial  de erradicação de dezenas de comunidades ribeirinhas, agora entregues à sua própria sorte em novas frentes irregulares de ocupação urbana e rural.

O negligenciamento no cumprimento dos já rebaixados parâmetros sociais e ambientais se refletiu na falta de detalhamento das diretrizes constantes nos PBAs das UHEs de Jirau e Santo Antonio. Essa  metodologia de auto-licenciamento depende de combinações nas múltiplas escalas de Governo, o que implica em negociações cruzadas, paralelas ou oficiais, no uso das verbas de compensação social e rearranjos das contrapartidas federais, estaduais e municipais. Um complexo intercambio de interesses entre grupos econômicos globais e locais  e suas representações políticas, ocorre sob a conveniente fachada de “fornecimento de energia para o Brasil” e “geração de emprego e renda na região”.

O processo de desterritorialização levado a cabo por grandes projetos de mineração na Amazônia se articula com aquele produzido pelos projetos hidrelétricos na região. Ambos se retroalimentam, em ordem direta e reversa.   No entorno do Complexo Madeira o processo de desterritorialização e de reterritorialização vai se consumando diligentemente, pelo grau de interpenetração dos Consórcios e conglomerados anexos com os aparelhos governamentais regulamentadores e fiscalizadores.

A apropriação do alto Madeira e a definição da forma predominante de seu uso se associa a estratégias simbólicas de universalização da forma tida como a mais “adequada” para utilização  daquela territorialidade.  A implementação célere e brutal das UHEs de Santo Antônio e Jirau se vale do alicerce objetivo de expropriações sucessivas, promovidas no bojo da formação territorial do Estado de Rondônia. E ainda conta com o beneplácito subjetivo de uma população majoritariamente migrante, que vítima  e órfã de um modernização periférica, se dispõe a qualquer sacrifício em nome de seu “repatriamento” a qualquer dinâmica que remeta à centralidade altiva do “progresso”, especialmente quando o objeto de sacrifício maior lhe pareça alheio e exterior, como as comunidades tradicionais que vivem ao longo do rio Madeira.

O controle e o uso compartilhado das águas e várzeas do rio Madeira pôde proliferar no interregno dos surtos de expansão mercantis. Exatamente por isso nunca foram objeto de políticas públicas que dinamizassem suas potencializades horizontalizantes, que lhes providenciasse regularização fundiária, créditos preferenciais, programas de extensão de caráter agroecológico e infra-estrutura social. Depois de inserido no mapa dos grandes negócios, agentes econômicos e as arenas estatais por eles manejadas, o rio Madeira é estampado como providencial estoque/escoadouro de energia, commodity basilar, porque insumo das demais commodities que tem definido o ritmo de crescimento e o perfil produtivo do país.

Madeira: restabelecer a controvérsia e o contraponto

Podemos atestar que a defasagem entre os direitos e os interesses da população local e o processo de licenciamento e implementação das UHEs de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, foi voluntária e premeditadamente construída pelas empresas concessionárias, com anuência e colaboração do poder público.

Como bônus extra, os Consórcios Santo Antônio Energia(SAESA) e Energia Sustentável do Brasil(ESBR), podem vender 100% da energia gerada antes dos prazos previstos contratualmente (dezembro de 2012 e março de 2013, respectivamente). Os dois consórcios pretendem antecipar a geração em até 11 meses por isso e contam com a benevolência da ANEEL e do MME para tanto. Alucinados cronogramas de execução das obras são a contraparte da ausência de cronogramas físico-financeiros dos programas de compensação e de mitigação, da mais completa negligência para com a população que vive ao longo do rio Madeira e com seu meio ambiente. Se nem sequer as condicionantes da Licença Prévia foram  cumpridas, como acenar com a emissão antecipada da Licença de Operação, sem que se consolidem mínimas salvaguardas sociais e ambientais?

Na direção contrária, o procedimento democrático elementar,  frente ao conjunto de evidências de descumprimento flagrante de compromissos legais  por parte dos Consórcios liderados pela Odebrecht e pela Suez, seria a suspensão da Licença da Instalação das Usinas de Santo Antônio e Jirau e o estabelecimento de um balanço rigoroso das irregularidades cometidas. Existisse um Ministério de Meio Ambiente com efetividade similar ao de Minas e Energia, ou um Poder Judiciário desincumbido de blindagens casuísticas, esta seria a única diretiva cabível diante de  mais um desastre social e ambiental  em curso na Amazônia.

Em paralelo e procurando explicitar toda a extensão dois danos já verificáveis produzidos por essas obras incondicionadas, propomos a criação de uma Comissão de investigação, composta por especialistas, representantes do Ministério Público Federal, dos movimentos sociais e da população atingida para fornecer um quadro fidedigno da desestruturação social e ambiental que se dá na região do rio Madeira. Iniciativa que procurará colocar em pauta a revisão do licenciamento ambiental das duas usinas projetadas, bem com a rediscussão do projeto Complexo Madeira como um todo.

Seria tarefa prioritária dessa Comissão, e em especial dos grupos de pesquisa universitários adjuntos,  explicitar o novo modelo de investimento e de financiamento aplicado à construção das UHEs de Santo Antônio e Jirau, identificando atores-chave, suas metodologias obscuras e truculentas, de modo a possibilitar a responsabilização  e co-responsabilização dos mesmos, em particular o BNDES. É  crucial que se exponha a célere territorialização corporativa de que é objeto a  sub-região protocolarmente denominada  “Sudoeste da Amazônia”,  no Plano Amazônia Sustentável(PAS), assim como as formas de atualização do bloco de poder inter-escalar que implicam em novas fórmulas hegemônicas. Em contraponto, é preciso demarcar as territorializações ribeirinhas, indígenas e camponesas resilientes, e também as pontes possíveis com dinâmicas disruptivas de base urbana. A questão central aqui colocada é: haverá um “nós” denso e representativo  para evocar o significado dessa renúncia, renúncia ao Madeira, ao Xingu, ao Tapajós e demais rios amazônicos,  a tudo que aflora, circula, brota e se multiplica com seus fluxos?

Odebrecht tendrá el control de Tía Juana, yacimientos de hidrocarburos tanto en tierra como en el lago de Maracaibo, por medio de una operación de cesión de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Además, las dos empresas crearon una compañía conjunta para operar en otros sitios.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) sigue entregando sus campos a empresas extranjeras, pese que en el país se impulsó desde el año 2005 la llamada “soberanía petrolera”, que según el presidente Hugo Chávez es uno de los logros de la revolución.

La estatal venezolana decidió la entrega del área de yacimientos de hidrocarburos de Tía Juana, en el municipio Simón Bolívar de la Costa Oriental del Lago (COL), a la brasileña Odebrecht y la china CNPC, informaron a La Verdad fuentes ligadas al sector.

Todo indica que el manejo del campo se realizará bajo el esquema de empresas mixtas, en las que PDVSA tendrá la mayoría accionaria, mientras que las transnacionales tendrán el derecho a las operaciones en la zona. Una vez oficializada la entrega, la empresa china y la brasilera podrán tener el control de uno de los campos más importantes de la COL, que tiene un área en tierra y un área en el lago de Maracaibo.

El área de yacimientos de hidrocarburos de Tía Juana tiene reservas probadas por 617 millones 354 mil barriles de crudo, de acuerdo con cifras del ingeniero Diego González Cruz, consultor internacional de energía.

Recientemente Odebrecht y PDVSA acordaron la conformación de una empresa mixta para operar en cuatro campos ubicados en el estado Zulia. Tras la constitución de la compañía de capital compartido, la empresa brasileña tiene la potestad de funcionar en las áreas Mara Oeste, Mara Este, La Paz y Sibucara.

China National Petroleum Corporation (CNPC) también opera en el estado Zulia a través de la empresa mixta Petrosivén, a la que se le entregó una parte del campo Bachaquero.

José Gil, ingeniero petrolero y consultor internacional de energía, aseguró que recientemente hubo “reuniones de alto nivel” entre PDVSA y las empresas mixtas. En los encuentros se planteó la posibilidad de que la estatal venezolana cediera aun más áreas petroleras a las compañías de capital compartido. El ingeniero comentó que Tía Juana es un campo importante del estado Zulia, que en el pasado llegó a tener una producción por el orden de los 300 mil barriles diarios de petróleo.

González Cruz explicó que en las empresas mixtas que se crearon durante la gestión de Hugo Chávez, las petroleras extranjeras tienen una participación de hasta 40 por ciento. Consideró que el esquema ideado por el Presidente de la República pone en manos de empresas transnacionales una parte del subsuelo venezolano. El ingeniero explicó que desde que se crearon las empresas de capital compartido, Venezuela “está entregando 40 por ciento de las riquezas” a firmas extranjeras, lo que -a su juicio- indica “que no existe la soberanía petrolera”. “Antes sólo había convenios operativos, donde las transnacionales no tenían ninguna participación accionaria, sólo realizaban el servicio, pero ahora con las empresas mixtas tienen participación”.

Basado en un reporte de La Verdad, Venezuela; editado por CLAES.

Bolivia y Brasil acordaron construir un nuevo punto de entrega de gas para abastecer la termoeléctrica brasileña Cuiabá, informó una fuente estatal.

El acuerdo fue suscrito por las petroleras YPFB Corporación de Bolivia y Petrobras de Brasil, e indica que el nuevo punto será construido en la localidad de San Matías cercana a la frontera brasileña desde donde se entregarán 2.2 Millones de Metros Cúbicos Diarios (MMCD) de gas.

“Va a continuar la negociación entre Petrobras y YPFB para cerrar los contratos de comercialización y de transporte. Una vez cerrado el contrato, se suscribirán las adendas y en ese momento estará la fecha de entrega de estos nuevos volúmenes” , dijo el presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Bolivia exporta actualmente a Brasil entre 27 y 31 MMCD, dentro de los cuales ya se incluyen los 2.2 MMCD que se enviarán a la termoeléctrica Cuiabá.

Basado en un reporte de LATAM